¡Cambio digital en el Estado! PCM regula el uso del correo electrónico institucional

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El Presidente del Consejo de Ministros (PCM) aprobó una nueva directiva que marca un antes y un después en la forma en que las instituciones del Estado utilizan el correo electrónico institucional. Mediante la Directiva N.° 001‑2026‑PCM/SGTD, publicada el 5 de junio de 2026, se establecen lineamientos claros sobre el uso, gestión, seguridad y responsabilidades vinculadas al correo oficial en las entidades públicas.

Esta norma fue establecida a través de la Resolución de Secretaría de Gobierno y Transformación Digital N.° 001‑2026‑PCM/SGTD y responde al compromiso del Estado de mejorar los procesos digitales, proteger la información oficial y garantizar transparencia en la administración pública.

¿Qué busca esta nueva directiva?

El propósito de la Directiva N.° 001‑2026‑PCM/SGTD es ordenar y supervisar el uso del correo institucional oficial en todas las entidades públicas, incluyendo ministerios, gobiernos regionales, municipalidades y organismos del Estado, con los siguientes objetivos:

  • Asegurar que todo funcionario y servidor use su correo oficial para comunicaciones laborales y oficiales.
  • Proteger la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información institucional.
  • Fortalecer mecanismos de seguridad digital y evitar accesos no autorizados.
  • Implementar controles que mejoren la gestión de los servicios de correo institucional.

Obligaciones y responsabilidades clave

Para los usuarios (servidores y funcionarios):

  • Usar exclusivamente el correo institucional para actividades laborales y comunicaciones oficiales.
  • Mantener en reserva las credenciales y seguir buenas prácticas de seguridad (contraseñas fuertes, renovarlas periódicamente, no compartir accesos).
  • Reportar actos sospechosos, accesos no autorizados o intentos de vulneración de seguridad.

    Para las entidades públicas:
  • Asignar correos institucionales a todos los servidores y usuarios autorizados.
  • Establecer y difundir políticas internas de uso del correo institucional.
  • Implementar estándares de ciberseguridad y protección de datos
  • Llevar un registro de cuentas, acceso, revocaciones y medidas asociadas al correo institucional.


¿Qué sucede si no se cumple la directiva?

El incumplimiento de esta norma no es una simple recomendación: genera responsabilidad administrativa y funcional conforme a la Ley N.° 30057 (Ley del Servicio Civil), su Reglamento y normas conexas.

Esto significa que:

  • El funcionario puede ser sancionado administrativamente por uso inadecuado del correo institucional.
  • Puede haber responsabilidades civiles o penales si el uso indebido compromete información oficial o vulnera datos sensibles.

Vigencia y publicación oficial

La directiva entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. Además, está disponible para consulta pública en:

  • La Plataforma Digital Única del Estado Peruano
  • La sede digital de la PCM
  • El portal oficial del Estado: gob.pe

Esto permite conocer el contenido completo de la norma, sus anexos y alcances concretos para cada entidad.

Recomendaciones para los trabajadores del Estado

Para evitar sanciones y fortalecer el uso correcto del correo oficial, es importante:

  • Capacitarse en el manejo seguro del correo institucional.
  • Evitar utilizar cuentas personales para trámites oficiales.
  • Actualizar datos regularmente y revisar alertas de seguridad.
  • Seguir siempre las políticas internas de cada entidad.
  • Reportar fallas, accesos sospechosos o posibles filtraciones.

En síntesis: ¿por qué es importante esta directiva?

La aprobación de la Directiva N.° 001‑2026‑PCM/SGTD representa un paso estratégico hacia la modernización digital del Estado peruano, ya que:

  • Refuerza la seguridad de la información oficial.
  • Asegura prácticas transparentes de comunicación en el sector público.
  • Promueve la gestión eficaz de recursos digitales institucionales.
  • Protege a las entidades y servidores frente a riesgos cibernéticos.

Este cambio normativo también refleja la necesidad de adaptar los procesos públicos a los estándares de seguridad digital actuales, garantizando operaciones confiables y protegidas en el uso de herramientas electrónicas oficiales.


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