Las modificaciones a la Ley de Contrataciones del Estado y su nuevo reglamento, publicado el 31 de diciembre y vigente desde el 31 de enero, contienen avances en simplificación administrativa de cara a las empresas proveedoras, pero aún no representa un cambio de modelo, como advirtió esta revista (SE 1639), pues el exceso de trámites aún persiste en algunos procedimientos. Adicionalmente, se han creado modalidades de contratación que abrirían nuevas áreas de negocio para firmas consultoras.
“El nuevo reglamento busca optimizar y simplificar procedimientos para impulsar la competencia efectiva, garantizar el uso eficiente de los recursos públicos, desarrollar mejoras en los contratos de ejecución de obras e implementar la contratación electrónica integral”, manifestó a SEMANAeconómica Patricia Seminario, directora de la dirección técnico normativa del OSCE.
LO QUE DISPONE EL REGLAMENTO
Las modificaciones a la Ley de Contrataciones, realizadas mediante el Decreto Legislativo (DL) 1444 de septiembre del 2018, facultaron a diez ministerios a uniformizar sus requerimientos de contratación, especialmente para aquellos bienes y servicios que son de uso masivo y de compra recurrente. Para ello deberán actualizar y aprobar un Plan de Homologación de Requerimientos, según lo establecido por Perú Compras, la central de compras públicas del Estado. El reglamento señala que las contrataciones de bienes y servicios que tengan una ficha de homologación aprobada se realizarán mediante un procedimiento simplificado. Así, los tiempos de adjudicación se reducirían de 87 a 35 días hábiles, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
“El privado tiene más claridad sobre cuáles son las características de los bienes que se van a adquirir. Tienen que ser productos que permitan la homologación sin direccionarlos únicamente a una marca”, comentó Víctor Baca, socio del Estudio Garrigues.Perú Compras calcula que existen 80 tipos de bienes y servicios que pueden ser homologados, de los cuales 16 están relacionados con ejecución de inversión pública, como servicios de pavimentación, afirmado y construcción de infraestructura, laboratorios médicos, centrales eléctricas, estructuras para transporte, entre otros. Entre los ministerios que podrán homologar están Transportes y Comunicaciones, Construcción, Vivienda y Saneamiento, y Salud.
“El nuevo reglamento sí incluye un afán de lograr una mayor simplificación administrativa a través de acciones como por ejemplo que la presentación de propuestas se realice de forma electrónica a través del SEACE”, dijo a esta revista Carlos Morán, asesor legal de Esmetal y socio del Estudio Muñiz.
Dicha norma señala que la OSCE también deberá desarrollar progresivamente un expediente de contratación digital y un cuaderno de obra digital, así como las herramientas que permitan su operatividad. De igual modo, faculta a la institución a utilizar plataformas para tramitar de forma electrónica los procedimientos administrativos de su competencia, entre ellos los que se realizan ante el Registro Nacional de Proveedores. Esto ocurrirá de forma progresiva, según los avances del OSCE. Según explicó Seminario, el objetivo es “reducir costos por trámites administrativos y reducir la posibilidad de barreras de acceso”.
MÁS SIMPLIFICACIÓN PENDIENTE
Carlos Carpio y Augusto Effio, socio y asociado del Estudio Rodrigo, respectivamente, advirtieron que un riesgo es que la medida “quede en el papel” y las entidades no apliquen las nuevas disposiciones. Aunque ampliar una estrategia como la homologación a otros bienes agiliza las contrataciones, la medida está limitada a entidades del gobierno central. Una licitación puede durar 90 días en promedio, pero los plazos de contratación con gobiernos regionales y municipales pueden variar, pues dependen de la burocracias locales.
En esa línea, Víctor Baca advierte que el desafío de adaptación es mayor para el sector público que para el privado. Más allá de la homologación, un aspecto positivo de toda la reforma es que entrará en vigencia durante el periodo de adaptación de las nuevas administraciones regionales y municipales. Asimismo, recuerda que sigue pendiente simplificar la etapa preparatoria, a cargo del Estado, que está marcada por una tensión entre cerrar la contratación con rapidez y evitar la corrupción. “Contratan lento porque es la única manera de contratar bien, que no haya nada turbio”, dijo.
Los especialistas coincidieron en que no puede hablarse de un cambio de modelo que apunte hacia la simplificación administrativa. “Tanto la ley como el reglamento contienen mejoras destinadas a facilitar los procedimientos de contratación, a hacerlos más simples, a tener un resultado más predecible, sin que eso suponga un cambio de paradigma en materia de contratos con el Estado”, explicó Baca.
Para Carpio y Effio no se ha repensado la estructura de lo que debe ser la contratación con el Estado. Advirtieron que en las licitaciones los proveedores deben volver a presentar documentos que la OSCE ya posee y que fueron entregados en concursos anteriores. Esta situación persiste a pesar de que en el 2016, cuando el gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski también modificó la Ley de Contrataciones del Estado, la norma estableció que el Registro Nacional de Proveedores tenga interoperabilidad con las bases de datos de la Sunarp, Sunat, SBS y Reniec. Milagros Paredes, asociada senior del Estudio Echecopar, advierte que el nuevo reglamento insiste en la interoperabilidad con otras instituciones, pero que serán necesarios cambios al TUPA del OSCE. SEMANAeconómica pudo conocer que el nuevo TUPA sería publicado a fines de mes.
OPORTUNIDADES
El reglamento detalla la modalidad de contratación denominada ‘concurso de proyectos arquitectónicos’. Será utilizado para que las entidades públicas contraten consultorías con el fin de elaborar expedientes técnicos para obras urbanas y edificaciones. El factor evaluado será la propuesta arquitectónica. En algunas ocasiones, el Estado solía contratar organismos internacionales para ese tipo de concursos.
Milagros Paredes, del Estudio Echecopar, sostuvo que esto abre nuevas posibilidades al mercado debido a que “puede ser una nueva oportunidad de negocio” con el Estado. El 59% de los proveedores está inscrito en el registro nacional como consultores de obra, según cifras del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE). “Al darle más herramientas a las entidades para que contraten de forma distinta lo que hacen es permitir que haya más oportunidades para proveedores”, añadió.
Fuente: semanaeconomica.pe
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