Según el presidente de la Asociación de Alcaldes de Arequipa, Omar Candía Aguilar, existen dos factores que sustentan este argumento. El primero surge por la demora en la entrega de la partida, depositada en julio de cada año. La Sunat recauda el Impuesto a la Renta en marzo; las empresas mineras tienen plazo para cancelar este impuesto por sus utilidades hasta fines de ese mes.
El MEF demora cuatro meses para hacer sus cálculos de distribución. «Entonces nos queda solo medio año para gastar, es casi imposible hacerlo en un semestre», se excusa Candía.
GUARDAN DINERO
Según la autoridad edil, únicamente las comunas que perciben menos de S/. 10 millones pueden ejecutar todo su canon en poco tiempo, pues el dinero les servirá para obras de mediana envergadura.
Lo mismo no ocurre con los municipios «grandes», que deben financiar proyectos que demoran más de un año, asegura. «El dinero estará como no gastado, pero ya fue presupuestado», detalla. El segundo factor es consecuencia del primero: como la partida recién llega en julio, muchos municipios no ejecutan el 5% de su canon; lo ahorran para las obras de los seis primeros meses del año. «Si no se ahorra para estos proyectos la población nos reclamará», dice Candía.
Adicionalmente, se suma un tercer motivo según el coordinador interregional de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), Elvis Delgado Bacigalupi. El MEF casi siempre entrega menos dinero del que proyecta a inicios de año para que las comunas realicen su Presupuesto Institucional de Apertura (PIA). «Nos dan casi 10% menos», arguye. Un claro ejemplo es lo sucedido este año. El MEF publicó sus techos presupuestales sin tener en cuenta que la recaudación del IR de las mineras disminuyó drásticamente. Entonces lo girado por canon minero mermó en casi 40% a diferencia del 2012. Los ediles quieren recuperar lo quitado.
Elí Nina. Especialista en Presupuesto Público
Hay saldos de balance por mala gestión
La ejecución del canon minero debe hacerse en un “año fiscal atípico”, presupuestalmente hablando, ya que tiene su inicio el primero de julio y culmina el 30 de junio del año siguiente. No obstante, si las municipalidades trabajan en forma alineada a una programación adecuada y oportuna en la ejecución de sus obras, al 30 de junio no deberían existir saldos de balance. Pero sucede, en la práctica, que muchas municipalidades “atesoran o guardan recursos” del primer y segundo año de gestión para ejecutarlos en el tercer y cuarto año. Entonces surge el ingrediente político: los alcaldes buscan hacer obras para reforzar su reelección. Además, los saldos de balance no se miden por el PIA anual de cada comuna, estos se reflejan por las transferencias efectivas de recursos que reciben versus su ejecución devengada. No hay otra definición que justifique los remanentes.
Fuente: La Republica
