A horas de celebrarse el Día del Maestro, que se conmemora los 6 de julio, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) intensifica la supervisión de la situación laboral de los profesores en los colegios privados.
La entidad recordó a los responsables del personal que trabaja en esas escuelas sobre la importancia de cumplir con los derechos sociolaborales de docentes y administrativos.
Los trabajadores de colegios particulares se rigen por el régimen de la actividad privada, por lo que existen tipos de contratos que los empleadores deben tomar en cuenta con la finalidad de que apenas ingrese a laborar su personal lo haga de manera formal.
Algunos son a plazo indeterminado, es decir, sin fecha de caducidad y que es la regla en la contratación laboral; y los que están sujetos a un plazo fijo, entre ellos, el contrato por inicio o incremento de actividad, cuya duración máxima es de tres años.
Figura también el contrato por suplencia, que se usa para sustituir a un trabajador estable dentro del colegio. Finalmente, se suma el contrato a tiempo parcial para cubrir jornadas de trabajo inferiores a cuatro horas en promedio diario, a la semana, precisó.
Incumplimiento
Sunafil advierte que firmar contratos a plazo fijo en centros educativos, cuando corresponde uno indefinido, constituye un incumplimiento de la normativa laboral. En ese caso, durante la fiscalización laboral, los inspectores de la entidad podrían indicar que se modifique el tipo del documento, anotó.
Docentes y administrativos no deben firmar contratos como locadores de servicios si cumplen jornada y horario fijo, siguen disposiciones internas y están sujetos a sanciones. En estos casos, corresponde una relación laboral formal.
“Estas condiciones demostrarían que su labor no es la de un locador, caracterizado porque tiene autonomía en la ejecución de sus servicios, sino más bien, de un trabajador. En ese caso le corresponderían todos los beneficios de ley”, aseveró.
De enero a junio del presente año, la Sunafil efectuó un total de 1,400 inspecciones en el sector educativo privado: 805 fueron denuncias que ingresaron los trabajadores y se ejecutaron 595 operativos inopinados.
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