Sin embargo, especialistas en materia tributaria afirman que la propuesta de la congresista fujimorista Karla Schaefer afectaría la recaudación.
Los distintos mecanismos que se han implementado para reducir el tiempo que esperan los pacientes por una consulta médica en EsSalud parecen no ser suficientes. Y es que, el incremento en el ritmo de afiliación de asegurados va en aumento.
Al año ingresan entre 500,000 a 600,000 asegurados. Sin embargo, la producción de las consultas bajó en los últimos años de 8,500 a 6,500; lo que se traduce solo en 150 atenciones mensuales.
Como consecuencia de esto, solo el 40% de los asegurados hace uso de los servicios médicos de EsSalud ; 20 puntos porcentuales menos que hace siete años.
En ese sentido, la congresista fujimorista, Karla Schaefer , presentó un el proyecto de ley que promueve la prestación de servicios de salud por impuestos, con el cual se busca garantizar la atención médica oportuna de la población que se encuentra en lista de espera en los establecimientos públicos de salud.
«Serán beneficiarios del presente mecanismo aquellos pacientes con predominancia de niños y personas de alto riesgo que se encuentren en situación de pobreza o vulnerabilidad, de acuerdo con las políticas públicas para el cierre de brechas vigentes», señala la propuesta.
Según la propuesta, se abre la posibilidad de contar con prestaciones de servicios de salud por parte de las clínicas privadas debidamente autorizadas para disminuir las listas de espera de los pacientes que se atienden en establecimientos de salud, «considerando el monto invertido en la prestación como pago a cuenta o regularización de impuestos a la renta de tercera categoría».
Sin embargo, para el abogado tributarista Jorge Picón esta iniciativa es inviable. Según explicó, en el Perú -desde los 90s- tenemos un sistema de finanzas públicas de caja única; «todos los impuestos hacen una gran bolsa que es lo que financia el presupuesto la República».
«Cuando aplicas los servicios por impuestos estás haciendo una disposición presupuestal que requiere una ley por sí misma. La aplicación de OxI -por las que solo se aplica a obra- es porque está amarrado a cuestiones como el canon minero y proyectos que están previamente atados al presupuesto de la República», explicó.
«Sería inviable su operatividad porque no podrías cuantificar de manera previa. El Congreso puede regular una deducción, decir por ejemplo: aceptaremos que lo deduzcas de tu rendición de impuestos. Pero, cuando estamos hablando de servicios por impuestos estamos hablando de una disposición de dinero presupuestado. Lo que está planteando sería una anarquía total de las finanzas públicas», agregó Picón.
A su turno, el tributarista Walker Villanueva , resaltó que al admitir pagos en especies lo que se está diciendo es que el Estado -indirectamente- cede parte de su presupuesto público a la prestación de servicios médicos.
«El único problema que vería en el caso de los servicios médicos es cómo controlas la tarifa de mercado, porque más valor de las prestaciones vas a pagar más impuestos, con lo cual también se te descontaría más. Se podría fijar planes de salud para pagar impuestos; podrían ser los planes básicos», detalló.
«El código tributario lo restringe porque finalmente el Estado lo que espera es dinero para el tesoro público; por lo que esta iniciativa afectaría a la recaudación», añadió Villanueva.
Certificados de inversión pública
Asimismo, se establece que se autorizará al Ministerio de Economía y Finanzas a emitir los certificados de inversión pública que acrediten la inversión en la prestación de los servicios y que esos montos sean considerados como un pago a cuenta de la regularización del impuesto a la renta de tercera categoría.
Así, las entidades privadas -como las clínicas- podrán presentar con carácter de petición las propuestas de inversión al Ministerio de Salud, de acuerdo a la normatividad vigente.
«Se busca brindar apoyo tangible al Estado para que pueda cumplir con sus obligaciones de garantizar el acceso a salud a todas las personas. Asimismo, se respeta la facultad del Poder Ejecutivo de desarrollar las normas técnicas y administrativas de acuerdo a sus funciones y competencias que viabilicen la aplicación de la ley», se precisa.
Dato
Actualmente hay 11.6 millones de asegurados.
Fuente: gestión.pe
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