El sector empresarial ha manifestado su preocupación ante la ampliación de la «marcha blanca» del sistema de calificación tributaria, cuestionando su impacto en la operatividad de las empresas.
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) continúa con la implementación del Perfil de Cumplimiento, un sistema diseñado para incentivar el pago voluntario de impuestos mediante la asignación de categorías que reflejan la conducta tributaria de las empresas y personas naturales con negocio.
Si bien el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Sunat sostienen que este mecanismo permitirá una administración más eficiente y transparente para fortalecer la recaudación, diversos gremios empresariales, incluida la Cámara de Comercio de Lima (CCL), han expresado su preocupación sobre sus implicancias.
Los principales cuestionamientos apuntan a la falta de claridad en los criterios de evaluación, el posible daño reputacional para los contribuyentes y la discrecionalidad de la Administración Tributaria en la asignación de las categorías.
Clasificación del Perfil de Cumplimiento
El sistema, creado mediante el Decreto Legislativo 1535 y reglamentado por el Decreto Supremo 320-2023-EF, establece cinco niveles de clasificación:
- Calificación A: Muy alto cumplimiento (formal y material óptimo).
- Calificación B: Alto cumplimiento (formal y sustancial esperado).
- Calificación C: Medio cumplimiento (incumplimientos moderados o recientes de menos de 6 meses).
- Calificación D: Bajo cumplimiento (incumplimientos significativos).
- Calificación E: Muy bajo cumplimiento (incumplimientos graves y sistemáticos).
Los nuevos contribuyentes inician en la categoría C, salvo que presenten conductas de incumplimiento, lo que podría degradarlos a una categoría inferior.
La evaluación se realiza de manera trimestral, considerando factores como el historial de pagos, la existencia de deudas en cobranza coactiva, la vinculación con contribuyentes de bajo cumplimiento y la posible implicancia en delitos tributarios.
Los perfiles asignados por la Sunat podrán ser consultados por terceros interesados en su portal, indicando la fecha de calificación y cualquier variación posterior.
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Ampliación de la marcha blanca
El sistema de calificación inició con una marcha blanca que consistía en cuatro pruebas sin efectos vinculantes, con el objetivo de familiarizar a los contribuyentes con el sistema y permitir ajustes en la metodología. Sin embargo, mediante el Decreto Supremo 18-2025-EF, la Sunat amplió este periodo de prueba de cuatro a ocho calificaciones de prueba, exclusivamente para los contribuyentes generadores de rentas de tercera categoría.
Según la Sunat, esta ampliación busca:
- Otorgar más tiempo para que los contribuyentes comprendan el sistema y sus implicancias.
- Evaluar mejor las observaciones y sugerencias del sector privado.
- Mejorar los sistemas de gestión interna y ajustes informáticos.
No obstante, desde la perspectiva empresarial, esta extensión no resuelve los problemas de fondo y mantiene la incertidumbre sobre el impacto real del sistema en la operatividad de las empresas.
Principales cuestionamientos del sector privado
Los gremios empresariales han advertido que el Perfil de Cumplimiento podría afectar especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). Entre las principales preocupaciones se encuentran:
– Discrecionalidad en la asignación del perfil
El sistema otorga a la Sunat un alto grado de discrecionalidad en la calificación de los contribuyentes, sin criterios completamente objetivos y verificables. Esto podría generar errores administrativos o interpretaciones subjetivas que afecten injustamente a empresas formales en cumplimiento de sus obligaciones.
– Impacto en la reputación de los contribuyentes
Aunque la Sunat sostiene que el sistema promueve la transparencia, la publicación del perfil de cumplimiento en su portal podría generar un perjuicio reputacional para aquellos con calificaciones bajas. Empresas con una mala calificación podrían ser consideradas como riesgosas por sus socios comerciales, proveedores o entidades financieras, afectando su competitividad.
– Restricciones y obstáculos operativos
Una baja calificación implicaría restricciones en diversos procesos administrativos, como:
- Limitaciones para cambiar el domicilio fiscal, requiriendo autorización previa de la Sunat.
- Mayor plazo para validar declaraciones rectificatorias, extendiéndolo hasta 90 días.
- Retrasos en la devolución del IGV, agregando hasta seis meses adicionales en algunos casos.
- Mayores requisitos de bancarización, dificultando la liquidez de las empresas.
– Falta de incentivos para mejorar la calificación
El sistema no establece mecanismos claros para que un contribuyente pueda recuperar o mejorar su calificación en un plazo razonable. Al ser una evaluación trimestral, errores administrativos o retrasos ocasionales podrían generar un impacto desproporcionado a las empresas, sin una vía ágil de corrección.
Fuente: La Cámara
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