La norma que oficializó que los trabajadores bajo Contratación Administrativa de Servicios (CAS) puedan recibir gratificación y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) no tiene ni una semana de publicada, pero en el Congreso ya buscan hacerle ajustes.
Esta es la Ley N.º 32563, oficializada por el presidente José Balcázar el último 23 de marzo. Solo un día después, la congresista Isabel Cortez presentó una propuesta para modificar este decreto recientemente promulgado.
Especialistas recalcan que la propuesta de la legisladora, que ahora busca la reelección como senadora, sería la estocada final a lo que en algún momento intentó ser la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir).
CAMINO EXPRESS PARA SER CAS INDETERMINADO
Vía el proyecto de ley N.º 14309/2026-CR, Cortez busca modificar dos de los tres artículos que cambió la Ley N.º 32563. Estos son los referidos a la definición propia del CAS, así como su duración, ya sea por plazo determinado o indeterminado.
Lo más llamativo está vinculado a que busca recortar la temporalidad, precisamente. La Ley N.º 32563 fija, para renovar o prorrogar un CAS determinado, 5 años como plazo máximo.
Pero Cortez cuestiona dicha regla, señalando en la exposición de motivos de su proyecto que “existen trabajadores que ya superaron los 5 años, que son a plazo determinado, pero a desempeñarse en labores permanentes de una entidad, programa o proyecto especial”.
Aunque no precisa el universo, la congresista propone que todo CAS determinado que supere un año de contratación, automáticamente pase a ser indeterminado. Se agrega que, de volverse ley su proyecto, todos los CAS temporales vigentes hasta esa fecha, y que superen el año de contratación, se vuelvan también indeterminados.
Para Fernando Varela, ex ministro de Trabajo, este planteamiento sería un atropello contra la reforma laboral que se inició con Servir.
“Este es un elemento más del proceso histórico de desnaturalización de los CAS, que nacieron como un régimen transitorio. Con esto se convertiría en un régimen más. La reforma del Servicio Civil ya está golpeada”, señaló.
César Puntriano, Socio Principal del Estudio Muñiz, coincidió con Varela y agregó que la idea de Cortez carece de justificación, especialmente porque no todos los trabajadores CAS se ajustarían a dicho plazo de un año.
“Ni siquiera la propia congresista tiene la estadística en su proyecto. ¿Por qué un año y no dos o tres? Hay CAS contratados para proyectos de más de un año, pero son temporales. El CAS fue diseñado como temporal, pero con esto, sería la regla”, remarcó.
Puntriano recordó que existe la Ley N.º 24041, que se promulgó en 1984. Esta norma da estabilidad laboral a los servidores públicos que realizan labores permanentes por más de un año ininterrumpido, pero no es aplicable a los CAS hoy.
LIBERAR A LOS CAS DE SERVIR
Eso no es lo único que la popular “Chabelita” busca con su proyecto de ley para los trabajadores CAS. Cortez busca liberarlos, por completo, de cualquier disposición de la Ley N.º 30057, es decir, del Servicio Civil.
La actual normativa, aquella que les da “grati” y CTS a los CAS, señala que “supletoriamente” se aplica esta norma regulada por Servir “en lo que favorezca al trabajador”, pero la iniciativa de Cortez señala que “en ningún caso” se les aplique la Ley Servir.
Además de ello, la congresista borra otra condición fijada en la Ley N.º 32563: respecto a los CAS indeterminados en actividades permanentes, retira la condición de que sean contratados “previo concurso público”.
UNA “TAREA PENDIENTE” DEL PRÓXIMO GOBIERNO Y SENADO
Lo cierto es que esta propuesta de Cortez, aunque podría sonar sorpresiva porque modifica una ley publicada solo un día antes de ser presentado el proyecto de ley, no lo es tanto. Forma parte de una tendencia clara en el comportamiento del Legislativo en el último año.
Como vimos en febrero, el Congreso tenía casi 50 iniciativas con dictamen favorable vinculadas a temas laborales listos para ser debatidos en el pleno. Muchos de ellos apuntaban a los CAS, incluida la norma para darles “grati” y CTS.
Para Varela y Puntriano no hay duda de que hay un motivo electoral en esto. Los trabajadores CAS son cerca de 400 mil en todo el Estado peruano, una cantidad de votantes nada despreciable, e Isabel Cortez postula al Senado con Podemos Perú en estas elecciones.
Frente a ello, y recordando que propuestas como la “grati” y CTS para las CAS no cuentan con recursos disponibles para darles cumplimiento inmediato, Varela planteó que existe un plazo para impulsar acciones de inconstitucionalidad.
“Será imposible que para julio se pueda pagar la gratificación. Eso da tiempo a los colegios profesionales para presentar una demanda de inconstitucionalidad, incluso con medida cautelar. Eso dará tiempo al siguiente gobierno para que decida, junto al Senado, si se elimina esta norma o se apuesta por una reforma del Servicio Civil”, estimó.
Puntriano sumó que el próximo gobierno debe definir cuál será, durante el próximo quinquenio, el propósito real de Servir como entidad. “Derogar estas normas anti técnicas no quiere decir que se quiera perjudicar a la gente. Más bien que se busca un empleo público meritocrático. Para eso son las reformas, no para conseguir votos”, dijo.
