El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha extendido el plazo para que los contribuyentes accedan al Fraccionamiento Especial de deuda tributaria administrada por la Sunat. Inicialmente previsto para vencer el 20 de diciembre de 2024, ahora el nuevo límite será el 28 de febrero de 2025.
Esta prórroga podría ser vista como una respuesta a la presión económica actual, pero también se ha señalado como una posible señal de falta de previsión en la implementación de políticas fiscales más eficientes. La medida fue oficializada a través de la Disposición Complementaria Final 171 de la Ley del Presupuesto Público 2025 y entrará en vigencia una vez publicada en el Diario Oficial El Peruano.
¿Qué es el Fraccionamiento Especial de la Sunat?
El Fraccionamiento Especial es una oportunidad para que ciertos contribuyentes regularicen sus deudas tributarias pendientes. Las deudas deben ser exigibles al 31 de diciembre de 2023 y estar administradas por la Sunat como ingresos del Tesoro Público. Este beneficio incluye también los saldos de aplazamientos o fraccionamientos anteriores, siempre que se refieran exclusivamente a las deudas tributarias mencionadas en la norma.
Sin embargo, no todos pueden acceder a esta medida. Se excluyen personas naturales y jurídicas con sentencias condenatorias vigentes por delitos tributarios o aduaneros, así como aquellos comprendidos en la Ley Nº 30737, que asegura el pago inmediato de la reparación civil en casos de corrupción. Las entidades del sector público tampoco pueden acogerse, salvo las empresas estatales que realizan actividad empresarial.
¿Cómo funciona el bono de descuento?
El beneficio incluye descuentos que van del 100% al 30% sobre multas e intereses, dependiendo del rango de la deuda. Estos descuentos buscan aliviar la carga financiera de los contribuyentes y promover el cumplimiento fiscal.
Críticas y desafíos
Aunque la prórroga pretende ofrecer un alivio fiscal, ha generado críticas. Expertos como el abogado Rafo Inurritegui consideran que esta extensión podría reflejar una falta de planificación estratégica en la gestión tributaria del Estado. La medida ha sido interpretada por algunos como una señal de que la política fiscal necesita una mayor capacidad de anticipación y respuesta.
Con la nueva fecha límite extendida hasta febrero de 2025, los contribuyentes cuentan con más tiempo para regularizar sus deudas y aprovechar los beneficios de este Fraccionamiento Especial. Sin embargo, el debate sobre la eficacia de estas políticas continúa abierto.
Fuente: Infobae
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