La sostenibilidad fiscal, uno de los pilares macroeconómicos que ha protegido al Perú por lustros ante ruidos políticos y más, transita sus meses más duros en la historia, a partir de incrementos abruptos del gasto público y sin justificación alguna de su financiamiento, en corresponsabilidad del actual Congreso de la República y el Poder Ejecutivo.
El foco de máxima preocupación está en recientes medidas relacionadas al aumento del gasto en planillas y pensiones en el sector público.
“Al siguiente Gobierno [que asumirá en julio del 2026] le han hipotecado todo […] La generación de nuevo gasto público es grande que compromete fuertemente el 2026 y el 2027. [La nueva gestión] se quedará sin posibilidad de manejar las finanzas públicas de manera responsable”, adelantó Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal.
MARZO, EL MES CLAVE
En solo casi una semana de marzo, del 12 al 19, el Pleno del Congreso aprobó tres propuestas con incidencia directa en el gasto público y cuyos costos para el país estimados son millonarios, alcanzando las 11 cifras, y con aumentos progresivos.
En el pleno del 12 de marzo, el Poder Legislativo aprobó, por insistencia, la propuesta que efectúa cambios a las pensiones del personal militar y policial. Esta fue promulgada por el Poder Ejecutivo de José Balcázar el último 22 de marzo, pese a que anteriormente se advirtió de su inviabilidad financiera en su esquema planteado.
En la misma sesión, el Congreso aprobó que los trabajadores bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) reciban gratificaciones y su Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), equivalente a sus remuneraciones. El último 23 de marzo, Balcázar también lo promulgó.
El 19 de marzo, vía insistencia tras la observación del Poder Ejecutivo por el costo fiscal inviable, el Poder Legislativo aprobó incrementar las pensiones de maestros jubilados y cesantes a S/ 3,300. Al cierre de este artículo, esto aún no ha sido promulgado u observado.
En este contexto, Segura indicó que, desde el Consejo Fiscal, calcularon que solo estos tres proyectos aprobados alrededor de una semana suponen un costo adicional al país de S/ 11,500 millones anuales aproximados, de manera conservadora o como monto base.
IMPACTO POR MEDIDAS
De las tres medidas, la que supone el mayor gasto de los S/ 11,500 millones anuales es la propuesta de pensiones para maestros jubilados y cesantes del Perú. Segura indicó que demandará más de S/ 8,000 millones. Sin embargo, mencionó que se trata de un “costo parcial”.
El motivo es que esta cifra irá incrementándose año tras año por su vinculación a ciertos indicadores que se actualizarán. Uno es, por ejemplo, que progresivamente será mayor el universo de jubilados que cubrir.
También se suma que entre sus disposiciones se consideró alcanzar, parcialmente, a afiliados que antes estuvieron en el sistema privado de pensiones.
“Otro factor es que se da una suerte de cédula viva porque la norma te dice que van a ganar una pensión equivalente a la primera escala y esta sube con el tiempo, con lo que la pensión va a arrastrarse por el efecto espejo. Esto está prohibido por la Constitución”, comentó.
Para aterrizar este costo de S/ 8,000 millones anuales, desde el Consejo Fiscal también calcularon comparables dentro del sector educativo.
Así, indicaron que esos recursos son equivalentes a:
- Más del triple del programa de educación escolar, que alimenta a millones de niños.
- Más de 5 veces el programa nacional de becas.
- Mayor a todo el programa de infraestructura educativa de los tres niveles de gobierno Nacional, regional y local.
En el caso del acceso de los trabajadores CAS a gratificaciones y CTS, el cálculo solo por el proyecto aprobado en marzo es de alrededor de S/ 2,000 millones anuales. Sin embargo, bajo el objetivo de esta norma, deben considerarse otros S/ 1,000 millones que ya se viene entregando, pues desde hace un año y medio el Congreso fue aprobando estos beneficios entidad por entidad.
MÁS ALLÁ DEL 2025
Lo que debe considerarse en este escenario de golpe directo al fisco es la foto completa de los últimos años, y no solo marzo, de lo que ha venido ocurriendo con el gasto público aprobado para remuneraciones y pensiones.
Alonso Segura, del Consejo Fiscal, explicó que entre 2012 y 2022, el incremento anual del costo de planillas promedio fue un monto inferior a los S/ 4,000 millones.
Entre 2023 y 2025, precisamente cuando se incumplió la regla del déficit fiscal en años consecutivos y, posteriormente, se tuvo un cumplimiento “al límite”, el incremento promedio se ubicó en los S/ 7,000 millones, incluso llegando en su momento “más crítico” a los S/ 10,000 millones.
Con todo lo aprobado el año pasado sobre gastos en remuneraciones y pensiones, Segura indicó que el incremento entre el 2026 respecto al 2025 se disparó a los S/ 11,200 millones.
