¿Reforma tributaria?, OK; pero, ¿debe bajar el IGV?

Economistas y expertos tributarios discuten sobre la posibilidad de reducir el IGV a partir del 2017.

El IGV del Perú es uno de los más altos de la región, pero reducirlo puede poner en problemas la salud de la caja fiscal.

Una de las propuestas bandera durante la campaña de Peruanos por el Kambio fue la disminución de la informalidad en el Perú. Durante el primer mensaje a la nación del presidente Pedro Pablo Kuczynski, vimos cómo reafirmaba una de sus propuestas de campaña más polémicas y le decía a Alfredo Thorne, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que se tragara el punto porcentual del IGV que iba a bajar en enero del 2017.

Esta medida, que a la fecha ha sido la más cuestionada por expertos en la materia, ha sido el pie de coyuntura para retomar también la discusión sobre el estado de las finanzas públicas y el impacto que tendrá la medida sobre la recaudación, sobre todo, si la rebaja del IGV es efectivamente la medida adecuada para ampliar el número de contribuyentes (base tributaria). Cabe resaltar que la informalidad en materia tributaria es muy distinta a la formalización laboral e implica otra serie de problemas.

Así, las reformas esbozadas por el MEF buscan impulsar la formalización de la economía desde dos ejes: con medidas que tengan un efecto multiplicador (como las tasas de los impuestos) y, por otro lado, una reforma de la administración tributaria.

Las rebajas
La disminución de un punto porcentual del IGV busca que, a través de la reducción de los precios, se incentive el consumo y se genere un efecto multiplicador en la economía, es decir, que la gente tenga más dinero en el bolsillo y gaste más. Esta medida ha generado gran controversia.

Para Carlos Casas, ex viceministro de Economía, se debe cambiar la causalidad en la premisa y ponerse como primera meta aumentar la recaudación y, una vez que esto se logre, empezar con la disminución del IGV. En esta línea, Hugo Perea, economista jefe del BBVA Research, considera que es muy probable que este efecto de reducción en los precios no se materialice ya que el vendedor podría incrementar su margen de ganancia.

Miguel Torres, congresista de la bancada de Fuerza Popular, ha señalado que la mayoría no se vería beneficiada por esta disminución, en parte porque los principales productos de la canasta básica están exonerados de este impuesto.

Quienes defienden la reducción confían en que el efecto multiplicador sobre el PBI cuando baja el IGV podría llegar hasta 5 (es decir, que por cada sol que el Estado deja de recaudar, la economía produce otros 5 soles), mientras que en el caso del gasto público el tope sería de solo 2.

En el otro extremo, Perea afirma que un estudio reciente del Fondo Monetario Internacional prueba que el efecto multiplicador si se aumenta el gasto público tiene un impacto mayor que la reducción de impuestos.

Pero, el IGV no es la única rebaja programada. A esto se le sumaría la disminución del Impuesto a la Renta (IR), que estableció la gestión anterior, que debe descender en un punto porcentual adicional hacia el 2017.

Tanto Perea como Casas consideran que se debería volver a evaluar la reducción del IGV y, más bien, continuar con la del IR, dado que tiene un menor efecto en la recaudación –el IGV representa más del 50% de la recaudación del Estado– y los efectos del ajuste se materializan en un plazo más amplio.

Fuentes del MEF defienden el potencial formalizador de su iniciativa entre aquellas empresas con un pie en la formalidad y otro fuera de ella, como aquellas que emiten facturas para algunos compradores y no lo hacen para otros. Pero también señalan que no serán dogmáticos, sino que, más bien, se tomarán las decisiones necesarias a medida que las reformas avancen y se evalúen los resultados.

Simplificación tributaria
La propuesta del nuevo gobierno no solo se basa en la reducción de impuestos, sino que también apunta a una administración tributaria más simple y que se adapte a la realidad de los contribuyentes. Los expertos afirman que el paquete de medidas va en la dirección correcta, aunque recomiendan algunos ajustes.

Por un lado, se propone ampliar las deducciones del Impuesto a la Renta de personas naturales de 7 UIT hasta 14 UIT, pero justificadas con facturas que acrediten gastos en ciertos rubros.

Aquí apuntan a que el ciudadano de a pie sea más exigente al pedir comprobantes de pago en servicios como salud o educación, que luego podrán deducir de su pago de impuestos, obligando a estos sectores a que sean más formales. Pablo Sotomayor, socio del Estudio Miranda & Amado, considera que esta medida sí cumpliría con el propósito formalizador. Además, señala que la posible exacerbación de un mercado negro de facturas sería mitigado por las sanciones que existen al respecto.

Luis Arias, vicepresidente del Banco Central de Reserva y ex jefe de la Sunat, considera que, en lugar de generar más exoneraciones, esta recaudación podría ser usada en otros rubros como, por ejemplo, dirigirse a aumentar el presupuesto en el sector educación. Sostiene que el IR debería ser fortalecido y más bien rediseñar sus tramos y tasas y, al mismo tiempo, cuidar que se garantice su equidad y simplicidad.

Los expertos concuerdan con la iniciativa de que el DNI reemplace al RUC para la emisión de facturas así como con las medidas de repatriación de capitales.

Luis Hernández, socio fundador del Hernández & CÍA Abogados, menciona que la reforma que busca la simplificación debe considerar una revisión de la proporcionalidad de las sanciones que aplica la Sunat, uno de los principales desincentivos en el proceso de formalización.

Muchos de los expertos consultados reconocen la consistencia que muestra el gobierno con las promesas de campaña, pero también la importancia de ejercer el pragmatismo a medida que transcurre el gobierno

Fuente: elcomercio.pe – 15/08/2016