Gobierno con facultades legislativas: Busca fraccionar y aplazar deudas tributarias sin importar su estado

Poder Ejecutivo obtuvo las facultades legislativas por 45 días. En este periodo realizará cambios en materia tributaria y económica, salud, seguridad, entre otras. Hay más de un millón de peruanos en riesgo de perder su empleo.

Congreso de la República aprobó en la víspera delegar facultades legislativas al Ejecutivo en el marco del estado de emergencia decretado por el Gobierno para evitar la propagación por el coronavirus (Covid-19), documento que ingresó el mismo jueves por la mañana al Parlamento y en el que se le solicita disponer a trámite con carácter de urgente.

La aprobación ha sido por un plazo de 45 días y no 60 días como lo había previsto el Ejecutivo, en 11 grandes temas entre los que se encuentran los tributarios, económicos, empleo, salud, seguridad, educación, entre otros.

Ahora, el Gobierno preparará una serie de medidas que buscan paliar los efectos de esta paralización de la economía tanto en empresas como en personas, asó como iniciar un proceso de recuperación económica.

En el documento, el Gobierno reconoce que con las condiciones actuales deben revisar su estimado de crecimiento a la baja y considera que aún es factible que este 2020 se alcance una tasa de avance de 2%, o al menos un nivel similar al del 2019, en que el Perú creció 2.16%. Si bien esta tasa es menor al 4% que se proyectaba inicialmente, sigue siendo optimista, comparando con estimaciones que ven una caída del PBI este año.

Pero el desempeño de la producción no es la única preocupación. En las estimaciones del Gobierno también está que a raíz de la crisis sanitaria y el estado de emergencia en el país más de un millón de peruanos están en riesgo de perder tu empleo, de esta cantidad más de 500,000 serían de microempresas (1-10 trabajadores), además de 570,000 trabajadores de empresas pequeñas (11-100 trabajadores).

Medidas tributarias

Para paliar el impacto de la crisis sanitaria en la economía, el Gobierno tiene previsto tomar ocho medidas en materia tributaria. Una de ellas es el fraccionamiento y aplazamiento especial de deuda tributaria, sin importar el estado en que esta se encuentre, para los sectores afectados por el coronavirus (Covid-19).

La intención es establecer disposiciones que faciliten el pago de las deudas tributarias y otros ingresos administrados por Sunat, cualquiera sea el estado en el que se encuentren, para los contribuyentes afectados por la emergencia, pues afectan su capacidad de pago.

Otra medida es la modificación de pagos a cuenta del Impuesto a la Renta (IR) de tercera categoría. Aquí se evalúa la posibilidad de reducirlos o suspenderlos para que así las empresas tengan mayor liquidez. Este había sido uno de los pedidos principales de las empresas que son principales contribuyentes.

“Hacer más expedita la aceptación de donaciones del exterior para todas las entidades del sector público”.

También se busca prorrogar 3 años la recuperación anticipada del IGV por adquisición de bienes de capital y ampliar su ámbito de aplicación. Este beneficio vence a finales de este año, así como la depreciación acelerada de algunas cuentas de activos fijos, para promover la inversión privada y otorgar liquidez a las empresas.

Asimismo, se otorgaría deducciones de las donaciones para efectos del IR para incentivar que las empresas continúen realizando donaciones durante el estado de emergencia. Además, la prórroga para Sunat en materia de firma digital y así facilitar la obtención de certificado digital para contribuyentes de menor tamaño, reduciendo costos de cumplimiento; y ampliar el plazo de arrastre de deudas. Que sea mayor a 4 años.

Lo que llamó la atención es que en esta delegación de facultades el Gobierno quiere modificar los regímenes tributarios aplicables a empresas de menor tamaño (mipymes). Es decir, la eliminación del RUS y el RER para crear un solo sistema gradual.

“Se considera que existe premura en la aprobación de esta iniciativa para acondicionar los sistemas informáticos que requerirá la Sunat para el próximo ejercicio fiscal”, señala el documento enviado al Congreso.

Impulso económico

Para iniciar el plan de impulso económico solo se señala que se hará a través del plan económico para hacer frente al Covid-19 y tendrán como intención evitar el desmoronamiento de la cadena de pagos.

Actualmente, la primera fase de atención de la emergencia tiene recursos por S/ 16,000 millones, los cuales salen del Fondo de Estabilización Fiscal que equivalen a una inyección de recursos de más de 2% del PBI.

Así, en materia fiscal, el Gobierno plantea suspender temporalmente la aplicación de las reglas macrofiscales para el sector público no financiero para el año 2020. Este año se tenía previsto un déficit de 2% del PBI.

En esa misma línea, la intención del Gobierno es que la inversión pública juegue un papel clave en la reactivación. Se otorgarán medidas para agilizarla, entre ellas destaca la entrega de proyectos viables al sector privado y que estos devuelvan un servicio en funcionamiento.

Medidas laborales

Para paliar la pérdida de empleos se otorgarán subvenciones a micro y pequeñas empresas, simplificación de procedimientos para la entrega de certificados y otros documentos en el marco del Servicio Nacional de Empleo.

“Se busca proteger a sectores productivos y extractivos, y a las micro, pequeñas medianas y grandes empresas”.

En el caso de las inspecciones de trabajo, se realizarán para otorgar mayor seguridad a trabajadores en riesgo de perder su empleo, así como reforzar el servicio de defensa legal de trabajadores.

Además, se planea garantizar las prestaciones de salud a personas desempleadas. Habrá facilidades para gobiernos regionales y locales, micro y pequeñas empresas para el pago de sus aportes a Essalud, sin que los trabajadores pierdan cobertura.

las claves

1. Adultos mayores. Medidas que garanticen su seguridad, salud, integridad y protección, especialmente aquellos adultos mayores que viven solos, abandonados o con vida en la calle.
2. Mujeres. Modificarán la ley para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, para incorporar medidas que garanticen la atención de mujeres durante el periodo de excepción.
3. Salud. El Gobierno tomará medidas para reforzar la cobertura al derecho de la salud, lo que implica la regulación de los medicamentos, equipos e insumos médicos.
4. Seguridad. Se tomarán medidas que regulen las acciones de la PNP en coordinación con las Fuerzas Armadas durante el periodo de emergencia por el covid-19.
5. Presos. Regularán procedimientos para atender los casos de población penitenciaria condenada y adolescentes, por su situación de vulnerabilidad ante el coronavirus.
6. Control. El Poder Ejecutivo plantea que se realice el control concurrente a todo el gasto y las medidas que se tomaron por la emergencia para evitar la expansión del Covid-19.

– Prorrogarán inicio de ley de control de fusiones –

Dentro de las medidas planteadas por el Gobierno hay un grupo enfocado en proteger el mercado y fomentar la libre competencia. Una de ellas es el prorrogar la entrada en vigencia de la ley de control previo de fusiones y concentraciones empresariales. Su inicio estaba previsto para el 20 de agosto.

“Se harán cambios a esta norma teniendo en cuenta la contracción de los mercados como producto de la pandemia”, señala el documento enviado al Congreso.

Asimismo, se buscará dar una respuesta célere para sancionar prácticas como la especulación o el acaparamiento de productos, mientras dure la emergencia nacional.

A ello se suman iniciativas para ayudar al mercado de entretenimiento del país, que con las medidas de aislamiento y la prohibición de espectáculos de más de 300 personas, se han visto afectadas.

Para ello se plantean medidas directas e indirectas para amortiguar el impacto económico que las industrias culturales y artes vienen sufriendo y sufrirán en los próximos meses como efecto de las medidas de emergencia.

Procedimiento especial concursal

Insolvencia. El Gobierno planea crear un procedimiento transitorio especial, que permita afrontar de manera eficiente, célere y a bajo costo las potenciales situaciones de insolvencia de los agentes económicos del Perú por la pandemia, persiguiendo la mejor recuperación de los créditos que pertenecen a los acreedores afectados.

– Recursos para universidades públicas –

Para la continuidad de la educación en el país, especialmente de las instituciones públicas, entre las preocupaciones del Poder Ejecutivo están las universidades estatales, ya que no pueden contar con los recursos directamente recaudados por el retraso del inicio de las clases.

En muchos de los casos, los recursos directamente recaudados pueden representar hasta el 75% del total de sus recursos programados para el año fiscal, para financiar la contratación de personal, entre otros. Sin estos recursos la operatividad de las universidades públicas se puede poner en riesgo.

Para ello se planea habilitar a las universidades del Estado para que puedan realizar modificaciones presupuestales y/o transferirles recursos de la reserva de contingencia que puedan cubrir los costos operativos.

Asimismo, se precisa que en el caso de la educación básica se aprobarán medidas para otorgar mejores condiciones de accesibilidad y soporte informático para los colegios a nivel nacional.