El poder de la Sunat: temores tributarios

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Las nuevas facultades de Sunat afectan los modelos de negocios de los contribuyentes y generan temores fundados, escribe Rocío Liu, socia del Estudio Miranda & Amado.

POR ROCÍO LIU, SOCIA DEL ESTUDIO MIRANDA & AMADO

La Sunat es el ente al que más le temen las empresas o cuya actuación puede tener la mayor influencia negativa en su modelo de negocio, de acuerdo a la XV Encuesta de Gerentes Generales de SEMANAeconómica.

No es de extrañar que, en la misma encuesta, cuatro de las cinco principales regulaciones que las empresas consideran más perjudiciales para su modelo de negocio sean variables tributarias, incluyendo el aumento del ISC, la menor devolución del IGV y la eliminación de exoneraciones.

Esta percepción no sería infundada, a juzgar por las facultades que posee la Sunat, las nuevas disposiciones y la experiencia que han tenido las empresas en asuntos tributarios.

Las facultades de la Sunat han ido incrementándose. No solo ejerce la función de recaudar y controlar las obligaciones tributarias para el Gobierno Central, sino responde a otras obligaciones no tributarias como la recaudación de la regalía minera, el control de insumos químicos y bienes relacionados a la minería ilegal y la producción de drogas ilícitas, y la función de llevar la información sobre el beneficiario final (las personas físicas que finalmente poseen o controlan a las personas jurídicas locales).

Ya en el plano tributario, se reactivó este año la facultad de la Sunat de observar los supuestos de elusión tributaria. La norma antielusivale permite aplicar la consecuencia tributaria cuando el planeamiento tributario es artificioso o impropio. Levantada la suspensión de esta facultad, que duró desde el 2012 hasta el 6 de mayo de 2019, solo las futuras experiencias nos dirán si la Sunat hará un uso adecuado de esta poderosa herramienta.

Además, nuevas disposiciones establecen que en las sociedades anónimas el directorio debe aprobar el planeamiento tributario. La Sunat, sin haber probado que los representantes legales y directores de las empresas han actuado en forma dolosa, con negligencia grave o abuso de facultades al aprobar o ejecutar los planeamientos, puede imputarles responsabilidad solidaria por las deudas tributarias de sus representadas, si es que considera que ha existido un supuesto de elusión tributaria. Como es de esperarse, esto ha generado aún mayor temor en los representantes y directores de las empresas.

EXPERIENCIAS RECIENTES Y PASADAS

La demora de los diferentes gobiernos para poner en práctica la facultad de observar los casos de elusión fiscal ha generado un nuevo estrés para los contribuyentes, sobre todo para las empresas y sus representantes legales. La incertidumbre está relacionada a si dicha facultad puede aplicarse a los actos realizados entre el 2012 y el 7 de mayo de 2019, solo aquellos que no hayan sido sometidos a una fiscalización previa o aquellos sobre los que no haya prescrito las facultades de la Sunat. El gobierno y la superintendencia consideran que sí; es decir, su aplicación a dicho período no sería retroactiva, aunque la Comisión de Constitución del Congreso ha opinado que su aplicación retroactiva sería inconstitucional.

A este cambio reciente, se suman experiencias previas. Por ejemplo, los litigios tributarios que empresas formales vienen sosteniendo hace muchos años, por los que se han acumulado intereses moratorios a una tasa de más de 20% anual en los años más remotos y cercana al 15% anual en los últimos diez años. La demora en la resolución de estos procesos no sería imputable a las empresas sino a los órganos encargados de resolverlos. Sobre ese asunto, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en dos oportunidades señalando que en los casos concretos resueltos no procedía el cobro de intereses moratorios por demoras atribuibles a los órganos de resolución de controversias. En otros casos, se espera el pronunciamiento del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial en la misma línea. Un giro a este criterio se percibiría como falta de equidad y certeza.

Por otro lado, se sabe que un número de empresas viene discutiendo si algunas de las deudas tributarias prescribieron a la luz de las sucesivas normas que se dieron en esta materia. Habría S/11 mil millones de supuestas deudas que dejarían de cobrarse si se declara la prescripción. La Sunat dice que no. El Tribunal Fiscal dijo que sí. El Poder Ejecutivo “precisó” en un decreto que no prescribieron y ahora el Tribunal Fiscal se ha alineado y dice que no. De nuevo, afectación de los derechos de los contribuyentes.

Nótese que la Sunat puede tener razón sobre la prescripción o no. Lo que acá se quiere resaltar no es si la tiene o no, sino si es válido tratar de cambiar el criterio que ya había aplicado el Tribunal Fiscal, emitiendo una norma con rango de ley que pretende “precisar” situaciones que según dicho tribunal sí ocurrieron en el pasado.

La percepción de las empresas sobre la Sunat y la variable tributaria mejorará con el tiempo solo si se evitan nuevas situaciones como las que hemos descrito en estos últimos párrafos: aquellas en las que el criterio de la Sunat prioriza el objetivo de recaudar por encima de la seguridad jurídica de los contribuyentes.


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