Corte Suprema aclara reglas sobre cobranza de deudas fiscales

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La autoridad tributaria tiene la facultad exclusiva de llevar a cabo la cobranza coactiva de las deudas fiscales, la cual es ejecutada por el ejecutor coactivo, con la asistencia de auxiliares coactivos que solo necesitan tener conocimientos en materia tributaria. Todos los procedimientos y acciones realizados por el ejecutor coactivo deben ser formalizados a través de resoluciones coactivas. Conoce más aquí.

La Corte Suprema de Justicia, a través de la sentencia de Casación N° 4820-2018 de Arequipa, emitida por su Sala Civil Permanente, precisó el alcance de la facultad de la administración tributaria para llevar a cabo la cobranza coactiva de las deudas fiscales. Esta sentencia declaró infundado un recurso interpuesto en el contexto de un proceso de tercería preferente de pago, aclarando de esta manera cómo se ejerce dicha atribución.

Antecedentes

En un caso judicial, un banco demandó a una administración tributaria para establecer el derecho de pago preferente de su cliente sobre una deuda tributaria de una compañía de transporte. El banco argumentó que su cliente tenía una hipoteca sobre los bienes de la compañía de transporte y que el fruto de la venta de estos bienes debería ir a su cliente, no a la deuda tributaria. La administración tributaria defendió sus acciones en el procedimiento de cobranza coactiva, citando el privilegio general de las deudas tributarias sobre los bienes del deudor, según el Código Tributario.

Instancias previas

La administración tributaria, luego de que el juzgado civil y la sala superior civil confirmaran la decisión a favor del banco en un caso de tercería preferente de pago, presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Argumentó que la sala superior había interpretado erróneamente los artículos 114°, 116° y 119° del Código Tributario, al considerar que la facultad de cobranza coactiva era ejercida solo por el ejecutor coactivo, ignorando la colaboración del auxiliar coactivo, quien tiene funciones específicas en el procedimiento según la normativa vigente.

Decisión

En el caso de casación, la sala suprema respaldó la interpretación y la decisión tomada por la sala superior en cuanto a la supuesta infracción normativa por una interpretación errónea de los artículos del Código Tributario mencionados. Además, señaló que no se encontraba evidencia en el expediente de que se hubiera emitido una resolución coactiva que imputara el pago a la administración tributaria demandada con los fondos obtenidos de algún remate realizado. Como resultado, el tribunal supremo desestimó el recurso de casación.

Definiciones

La sala suprema destaca que el recurso extraordinario de casación es principalmente formal y excepcional, limitado a cuestiones jurídicas y no a hechos o a la revisión de pruebas. Este recurso permite el control de las decisiones judiciales para determinar si se ha violado el debido proceso y los principios que lo componen. En concordancia con esto, el artículo 384° del Código Procesal Civil establece que los objetivos del recurso de casación son garantizar la correcta aplicación del derecho al caso específico y promover la uniformidad de la jurisprudencia nacional por parte de la Corte Suprema de Justicia.

Apuntes

El artículo 119° del Texto Único Ordenado (TUO) del Código Tributario establece que ninguna autoridad, órgano administrativo, político o judicial puede suspender o concluir el procedimiento de cobranza coactiva en curso, excepto el ejecutor coactivo.

Este artículo especifica que el ejecutor coactivo puede suspender temporalmente el procedimiento de cobranza coactiva en dos situaciones:

  1. Cuando se dicte una medida cautelar en un proceso constitucional de amparo que ordene la suspensión de la cobranza, conforme a lo establecido en el Código Procesal Constitucional.
  2. Cuando una ley o norma con rango de ley lo disponga expresamente.

Además, de manera excepcional, en el caso de órdenes de pago y cuando existan circunstancias que indiquen que la cobranza podría ser improcedente, siempre y cuando la reclamación se presente dentro de los 20 días hábiles posteriores a la notificación de la orden de pago, la administración tributaria debe admitir y resolver la reclamación dentro de los 90 días hábiles, bajo responsabilidad del órgano competente.

La suspensión debe mantenerse hasta que la deuda sea exigible de acuerdo con lo establecido en el artículo 115° del Código Tributario.

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