Contribuyentes pueden conservar documentos por más de 5 años

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El contribuyente puede optar por conservar la documentación tributaria por un período superior a cinco años, siempre y cuando no esté relacionada con la determinación de una obligación tributaria de un período ya prescrito. En cambio, si el objetivo es establecer correctamente la obligación tributaria de un ejercicio que aún no ha prescrito, el contribuyente puede decidir conservar la documentación por un plazo mayor. Esta flexibilidad permite asegurar una adecuada fijación de las obligaciones tributarias sin incurrir en riesgos de prescripción. Conoce más aquí.

El principal criterio jurisprudencial establecido en la sentencia de Casación Nº 7143-2022 Lima, emitida por la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, según el tributarista Percy Bardales, socio de Litigation Tax Services en EY en Perú, destaca la obligación de conservar información incluso de períodos prescritos cuando esta esté vinculada con períodos no prescritos. En esta sentencia, la sala suprema declara parcialmente fundado un recurso interpuesto en un proceso contencioso administrativo, ofreciendo claridad sobre esta obligación de conservación de información tributaria.

Antecedentes

En el caso de la casación mencionada, una empresa contribuyente presentó una demanda para impugnar la decisión de un colegiado administrativo que confirmó un pronunciamiento de la intendencia relacionado con una resolución de determinación de deuda tributaria y otra de multa, ambas correspondientes al impuesto a la renta del año 2007.

La empresa solicitó la nulidad del pronunciamiento de la intendencia y de las resoluciones previas, así como la devolución de las sumas pagadas con los respectivos intereses.

El juzgado de primera instancia desestimó la demanda, y en apelación, el tribunal superior confirmó esa decisión.

Ante esta situación, la empresa presentó un recurso de casación argumentando, entre otras razones, que el tribunal superior había infringido el artículo 5 del Decreto Ley N° 25988 (modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 27029).

Decisión

La sala suprema, al revisar el caso en casación, observó que la disputa se centraba en la acreditación del costo de enajenación de cuatro desmontadoras de algodón adquiridas por la empresa demandante en 1996 (un período ya prescrito), pero que eran relevantes para la declaración del período de fiscalización del año 2007, que aún no había prescrito.

Considerando que tanto la administración fiscal como las instancias judiciales sostenían que la empresa debía conservar la documentación necesaria y presentarla cuando la autoridad tributaria lo solicitara, en cumplimiento del artículo 87 del Código Tributario y del artículo 5 del Decreto Ley Nº 25988 (modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 27029), la sala suprema estableció que el contribuyente debe proporcionar la información requerida mientras el tributo en cuestión no esté prescrito y no se busque determinar obligaciones tributarias que ya han prescrito.

En este sentido, el contribuyente está obligado a conservar la documentación por un período de cinco años, según lo estipulado en el artículo 5 del Decreto Ley N° 25988. Por lo tanto, la sala suprema concluyó que la autoridad tributaria puede solicitar la presentación y exhibición de documentos relacionados con la determinación de obligaciones tributarias no prescritas, en virtud de su facultad de fiscalización discrecional.

Autoridad

En el caso analizado, la sala constata que la autoridad administrativa no consideró que, aunque no se presentaron los comprobantes de pago de las cuatro desmontadoras para acreditar su valor, el contribuyente presentó un informe sobre la valoración de dichas desmontadoras datado del 3 de mayo de 2007. Aunque este informe no fue solicitado expresamente por la autoridad administrativa, puede ser considerado como un medio probatorio válido de la existencia y valor de las desmontadoras.

La máxima instancia judicial señala que el tribunal superior no tuvo en cuenta este aspecto relevante. Por lo tanto, entre otras razones, el tribunal supremo declara parcialmente fundada la casación en cuestión.

Trascendencia

Según el tributarista Percy Bardales, en nuestro sistema jurídico, la autoridad tributaria puede corregir cada tributo y período una vez que se haya iniciado adecuadamente el procedimiento de fiscalización correspondiente y se haya emitido la resolución de determinación correspondiente como resultado de dicho procedimiento.

El especialista en tributación sostiene que para que la autoridad tributaria pueda trasladar la obtención de información y los efectos jurídicos fiscales de un tributo y período a otro tributo y período, primero debe haber iniciado una verificación o fiscalización durante el plazo de prescripción del tributo y período original.

En este sentido, únicamente si se ha iniciado y concluido la fiscalización con la emisión de la resolución de determinación correspondiente dentro del plazo de prescripción, este acto administrativo puede ser válidamente aplicado al tributo y período posterior, según advierte el experto en tributación Bardales.

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