Una propuesta legal para restituir la obligación de contratar trabajadoras sociales en empresas privadas presentó el congresista Bernando Jaime Quito Sarmiento, miembro del grupo parlamentario Bancada Socialista.
Se trata del Proyecto de Ley N.° 11681-2024-CR, que busca restablecer la obligatoriedad de que las empresas del sector privado cuenten con profesionales en Trabajo Social.
La iniciativa legislativa plantea que por cada cien trabajadores, como mínimo, se contrate a una asistenta o asistente social para desarrollar labores propias de su especialidad en favor del personal, anotó el laboralista Martín Ruggiero Garzón.
Según la exposición de motivos, esta medida responde a la necesidad de fortalecer el bienestar integral de los trabajadores, mejorar el clima laboral y contribuir al aumento de la productividad y competitividad empresarial.
El documento observa que entidades como el INDECOPI y el Ministerio de Trabajo (MTPE) desatiendan el impacto positivo de estos profesionales en el entorno laboral.
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