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Nuevas leyes laborales en Perú: Avances y obstáculos para su aprobación

El 2025 trae consigo importantes reformas laborales en Perú, diseñadas para mejorar las condiciones de los trabajadores y actualizar los estándares del empleo formal. Sin embargo, muchas de estas propuestas aún enfrentan desafíos para su implementación. En este blog, te presentamos un análisis detallado de los cambios más relevantes, sus impactos y los puntos críticos que se deben resolver para su efectividad.


Aumento de la Remuneración Mínima Vital: Impacto en los Beneficios Laborales

Desde el 1 de enero de 2025, la Remuneración Mínima Vital (RMV) subió de S/ 1.025 a S/ 1.130. Este aumento tiene un impacto directo en varios beneficios laborales:

Además, las contribuciones mínimas a EsSalud también se incrementarán, calculadas en base al 9% de la nueva RMV. A pesar de estos cambios, los especialistas advierten que el aumento no será suficiente para reducir las brechas de empleo formal en el país.


Negociación Colectiva en el Sector Público: Avances y Dudas

El Congreso derogó el artículo 28° de la Ley 32103, eliminando las restricciones para la negociación colectiva en el sector público. Esta medida permitirá a los sindicatos negociar mejoras laborales con impacto económico, siempre que se respeten los límites presupuestarios.

Por otro lado, las propuestas aprobadas en 2024 para ampliar la protección laboral de madres y padres trabajadores han enfrentado retrocesos debido a preocupaciones sobre su viabilidad económica y posibles impactos negativos en la productividad.


Cambios en el Régimen CAS: Nuevo Reglamento y Sus Implicaciones

El régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) ha sido objeto de reformas significativas con la publicación del proyecto de reglamento al Decreto Legislativo N.º 1057. Entre los cambios más relevantes se encuentran:

Además, la Ley Nº 32223 permite que los trabajadores CAS asuman cargos de confianza y que se reconozcan certificados de experiencia laboral. Sin embargo, los expertos advierten que estas medidas son insuficientes para resolver los problemas estructurales del empleo público.

Fuente: La República

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