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Gobierno autoriza la extinción de empresas que no tengan actividad

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La norma emitida por el Poder Ejecutivo tiene como objetivo contribuir a la prevención del fraude tributario y los delitos económicos.

El Gobierno publicó el Decreto Legislativo Nº 1427 que plantea la extinción de empresas que no hayan mantenido actividad alguna.

Prolongada inactividad

En el marco de las facultades legislativas delegadas por el Congreso que vencen hoy lunes, el Ejecutivo emitió la norma que tiene por objetivo contribuir a la prevención del fraude tributario y los delitos económicos.

El presente Decreto Legislativo tiene como finalidad depurar, actualizar y ordenar la información que brinda el Registro de Personas Jurídicas de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) respecto de las sociedades inscritas”, señala la norma publicada en las Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Según el dispositivo legal se considerará que una empresa muestra “prolongada inactividad” cuando ésta no ha realizado actividad empresarial y económica vinculada al objeto social o fines de la sociedad, así como la falta de inscripción de actos societarios.

Para ello, la Sunarp procederá a inscribir, de oficio, la extinción de la sociedad (empresa) por haberse producido el supuesto de prolongada inactividad.

“La anotación preventiva es una inscripción provisional y transitoria que permite informar la presunta inactividad de la sociedad, sobre la base de la falta de inscripción, por un periodo prolongado, de actos societarios en el registro de Personas Jurídicas de la Sunarp; así como la no inscripción en el RUC o, en el caso de encontrarse inscrita en dicho registro, la no presentación de declaraciones juradas determinativas o informativas ante la Sunat, ni la existencia de deuda tributaria pendiente ni la existencia de procedimientos de fiscalización, reclamación, apelación, demanda contencioso administrativa, amparo ni otro referido a la deuda tributaria en curso”, detalla el texto del decreto legislativo.

La extinción

Se establece el régimen de extinción de sociedad por prolongada inactividad a solicitud de parte, desde la entrada en vigencia del reglamento del presente Decreto
Legislativo y hasta el 31 de diciembre del 2020, tomando en cuenta las siguientes reglas:

1. La sociedad se encuentra en prolongada inactividad por lo menos durante un lapso de 3 años precedentes a la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo.

2. La Sunarp, en mérito a la solicitud y documentos que se establecen en el reglamento, extiende la anotación preventiva por presunta prolongada inactividad.

3. El plazo de los 3 años, se cuenta a partir del 1 de enero del año siguiente al de la fecha de presentación del título que dio mérito a la inscripción del último acto
societario ante el Registro de Personas Jurídicas de la Sunarp.

4. El plazo de vigencia de la anotación preventiva por presunta prolongada inactividad prevista en esta disposición es de 6 meses contados a partir de la
fecha de inscripción. Vencido dicho plazo, a instancia de parte y previa publicación en el diario oficial El Peruano del acogimiento de la sociedad al presente régimen, se
extiende el asiento de inscripción de su extinción.

5. La extinción de la sociedad por prolongada inactividad a solicitud de parte no afecta los derechos de los socios o participacionistas de las sociedades, ni de los
terceros acreedores o proveedores de ella, a cuyo efecto pueden accionar conforme a la legislación vigente relativa a las sociedades irregulares.

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Sunat

Peligra el cobro de S/ 11 mil millones en deudas tributarias a empresas

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Según Sunat. Un decreto legislativo que da seguridad al mecanismo para determinar y cobrar las deudas de un total de 233 empresas podría ser derogado por el Congreso. Monto equivale a más del 10% de la recaudación de 1 año.

La posible derogación del Decreto Legislativo 1421 por el Congreso pone en riesgo la cobranza de S/ 11.000 millones en deudas de las grandes empresas por la omisión en el pago de impuestos.

Bajo dicho sistema, la Sunat tiene una ventana 4 años para determinar a cuánto asciende la deuda de un contribuyente. Ese plazo corre desde el 1 de enero del año siguiente al cual se realizó la declaración jurada para el pago de impuestos.

En cualquier momento de esos 4 años, la Sunat debe iniciar una fiscalización (que dura en promedio 1 año) para definir el monto y notificar la deuda. Tras reportar al contribuyente, comienza una nueva ventana de otros 4 años para cobrar la deuda (ver infografía).

El Decreto Legislativo 1421, emitido en el marco de las últimas facultades delegadas al Gobierno, ratifica este mecanismo y las facultades de la Sunat.

Al derogarlo, entraría a regir una interpretación del Tribunal Fiscal que data de noviembre del 2017 y en la que el plazo para determinar la deuda y cobrarla arrancan al mismo tiempo. Con ello, se da lugar a la posibilidad de que la Sunat haga la fiscalización y determine la deuda; pero no la pueda cobrar porque esta ya prescribió.

Según la Sunat, esta resolución del Tribunal se sustenta en una interpretación combinada de dos decretos legislativos: 981 y 1113. Este último se publicó en el 2012. “El Decreto Legislativo 1113 dice que una vez notificada la deuda, se debe iniciar el cómputo de los 4 años para cobrar. Pero en la práctica yo no puedo hacerlo porque el Decreto Legislativo 981 ya determinó que el plazo para cobrar la deuda ya se inició”, explicó Suárez.

La deuda

Son S/ 11.000 millones en deudas los que se encuentran en peligro de no poder cobrarse. Dicho monto corresponde a 233 empresas que, según detalla la Sunat, pertenecen al sector minero, hidrocarburos, transporte y construcción.

“En el 2018, logramos una recaudación neta de S/ 104 mil millones. Entonces, estos S/ 11 mil millones de deuda representan más del 10% de la recaudación anual del año pasado”, agregó la superintendenta.

Se trata de casos que datan de entre el 2008 y el 2010. Además, para entenden la importancia de cobrar esta deuda, la Sunat precisa que los S/ 11.000 millones permitirían brindar agua y desagüe a 2,5 millones de personas. Equivale también a todo el presupuesto en pensiones del 2018 y a la tercera parte del aumento aprobado por el Gobierno para la educación en el Presupuesto Público del 2019.

El Congreso

En el Legislativo hoy existe una mesa de trabajo sobre el tema en la que se evalúa derogar o no el Decreto Legislativo 1421, que como se señala al inicio de esta nota es el que da seguridad al cobro de la deuda tributaria. “Nosotros hemos demostrado nuestra posición en dicho grupo. Originalmente, el grupo de trabajo tuvo un borrador donde consideraba que este decreto se podía caer. Con ello se pone en riesgo la recaudación”, afirmó la superintendenta. Se proyecta que la decisión sobre el decreto podría tomarse en febrero, previo análisis del grupo legislativo. 

sunat

Fuente: larepublica.pe


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