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Gobierno autoriza la extinción de empresas que no tengan actividad

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La norma emitida por el Poder Ejecutivo tiene como objetivo contribuir a la prevención del fraude tributario y los delitos económicos.

El Gobierno publicó el Decreto Legislativo Nº 1427 que plantea la extinción de empresas que no hayan mantenido actividad alguna.

Prolongada inactividad

En el marco de las facultades legislativas delegadas por el Congreso que vencen hoy lunes, el Ejecutivo emitió la norma que tiene por objetivo contribuir a la prevención del fraude tributario y los delitos económicos.

El presente Decreto Legislativo tiene como finalidad depurar, actualizar y ordenar la información que brinda el Registro de Personas Jurídicas de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) respecto de las sociedades inscritas”, señala la norma publicada en las Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Según el dispositivo legal se considerará que una empresa muestra “prolongada inactividad” cuando ésta no ha realizado actividad empresarial y económica vinculada al objeto social o fines de la sociedad, así como la falta de inscripción de actos societarios.

Para ello, la Sunarp procederá a inscribir, de oficio, la extinción de la sociedad (empresa) por haberse producido el supuesto de prolongada inactividad.

“La anotación preventiva es una inscripción provisional y transitoria que permite informar la presunta inactividad de la sociedad, sobre la base de la falta de inscripción, por un periodo prolongado, de actos societarios en el registro de Personas Jurídicas de la Sunarp; así como la no inscripción en el RUC o, en el caso de encontrarse inscrita en dicho registro, la no presentación de declaraciones juradas determinativas o informativas ante la Sunat, ni la existencia de deuda tributaria pendiente ni la existencia de procedimientos de fiscalización, reclamación, apelación, demanda contencioso administrativa, amparo ni otro referido a la deuda tributaria en curso”, detalla el texto del decreto legislativo.

La extinción

Se establece el régimen de extinción de sociedad por prolongada inactividad a solicitud de parte, desde la entrada en vigencia del reglamento del presente Decreto
Legislativo y hasta el 31 de diciembre del 2020, tomando en cuenta las siguientes reglas:

1. La sociedad se encuentra en prolongada inactividad por lo menos durante un lapso de 3 años precedentes a la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo.

2. La Sunarp, en mérito a la solicitud y documentos que se establecen en el reglamento, extiende la anotación preventiva por presunta prolongada inactividad.

3. El plazo de los 3 años, se cuenta a partir del 1 de enero del año siguiente al de la fecha de presentación del título que dio mérito a la inscripción del último acto
societario ante el Registro de Personas Jurídicas de la Sunarp.

4. El plazo de vigencia de la anotación preventiva por presunta prolongada inactividad prevista en esta disposición es de 6 meses contados a partir de la
fecha de inscripción. Vencido dicho plazo, a instancia de parte y previa publicación en el diario oficial El Peruano del acogimiento de la sociedad al presente régimen, se
extiende el asiento de inscripción de su extinción.

5. La extinción de la sociedad por prolongada inactividad a solicitud de parte no afecta los derechos de los socios o participacionistas de las sociedades, ni de los
terceros acreedores o proveedores de ella, a cuyo efecto pueden accionar conforme a la legislación vigente relativa a las sociedades irregulares.

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Elevar Impuesto al Juego a 14% impediría recaudar S/79 mllns

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Casinos y tragamonedas. Congresista Miguel Torres propuso elevar el Impuesto al Juego como “solución técnica” ante la constitucionalidad del ISC. Sin embargo, la carga tributaria para los juegos de azar sería menor a la expectativa del MEF.

Tras el escándalo generado por la recomendación de la Comisión de Constitución del Congreso para derogar el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a los casinos y tragamonedas, el congresista de Fuerza Popular, Miguel Torres, presentó un proyecto de ley como “solución técnica” al debate de la constitucionalidad.

Según su iniciativa, elevar el Impuesto al Juego, que actualmente tiene una tasa de 12% sobre la renta gravable, a 14% no solo evitaría que el Estado deje de recaudar impuestos por las acciones de amparo que interpondrían los casinos y tragamonedas, sino que también permitiría elevar la recaudación ante una industria que genera problemas de salud como la ludopatía.

Sin embargo, a pesar de que el congresista Torres niega tener conflictos de interés con los casinos, el proyecto de ley aún termina siendo beneficioso para la industria de los juegos de azar.

Los cálculos

Según los estimados del congresista Torres, manteniendo la tasa de Impuesto al Juego en 12%, el Estado recaudaría S/ 336 millones en todo el año 2019. Por ello, su propio estimado indica que, de elevar el Impuesto al Juego a 14%, la recaudación del año 2019 a la industria de juegos y casinos ascendería a S/ 392 millones.

Es decir, S/ 56 millones más a través de la misma iniciativa. Sin embargo, el ISC a este sector que entrará en vigencia en el 2019 espera recaudar S/ 135 millones adicionales, los cuales tienen una diferencia de S/ 79 millones con lo que el proyecto de Torres espera recaudar en el mismo año derogando, por supuesto, el ISC.

El economista Armando Mendoza explica que la propuesta de Torres “no convence en lo absoluto” debido a que el ISC es un impuesto más transparente porque se recauda por máquina y por sala de casino, mientras que el Impuesto al Juego se recauda sobre la renta de un casino.

Además, la recaudación es largamente inferior a la inafectación del sector al IGV.

“Esa cifra de recaudación adicional es largamente inferior a los S/ 135 millones que el Ministerio de Economía y Finanzas esperaba recaudar con la aplicación del ISC Casino y Tragamonedas y que se pretende ahora derogar desde el Congreso”, señaló Mendoza.

Más aún, agregó, la propuesta legislativa está muy lejos de compensar los S/ 492 millones estimados y que anualmente representa la exoneración al IGV que recibe ese mismo sector”, explicó Mendoza.

¿Inconstitucional?

A pesar de que la iniciativa busca la constitucionalidad de una mayor carga tributaria para los juegos y casinos, el tributarista Jorge Manini considera que elevar el Impuesto al Juego podría ser contraproducente. Según recuerda, en el 2001 el Tribunal Constitucional ordenó que la tasa de este impuesto se reduzca de 20% a 12%. Por lo tanto, elevarla podría derivar en una nueva acción de inconstitucionalidad.

“El Impuesto a los Juegos tuvo un gran problema, lo que llevó a bajar la tasa del 20% y se ordenó al Congreso que ponga una tasa más adecuada, que es el actual 12%. Incluso para mucha gente era demasiado alta. Yo no sé si de repente esa subida de tasa podría colisionar con la decisión del Tribunal Constitucional”, comentó.

Además, agrega Manini, el ISC y el Impuesto al Juego son tributos que persiguen objetivos diferentes. “El ISC grava al consumidor y es de naturaleza distinta porque quien lo paga es el consumidor, mientras que el impuesto al juego se aplica sobre la renta”, apuntó.

Claves

Según el Marco Macroeconómico Multianual, la inafectación de Impuesto General a las Ventas (IGV) a los casinos y tragamomedas alcanzará los S/ 492 millones en el 2019. Sin embargo, las industrias de juegos de azar sí pagan IGV por la venta de máquinas tragamonedas.

Según el Instituto Nacional de Salud (INS), la ludopatía crece a un ritmo de 33% al año en el Perú. Cedro reveló que el 13,1% de menores entre 12 y 18 años han hecho uso de máquinas tragamonedas en el 2017.

Según ley, la recaudación del Impuesto al Juego se divide entre las municipalidades provinciales y regionales, IPD y el Mincetur.

Fuente: larepublica.pe


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