Futuro de la tercerización laboral en el Perú en manos del Congreso

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Luego de que el MTPE eliminara esta modalidad de contratación en el núcleo del negocio, desde el Legislativo se busca derogar este DS. El IPE está a favor de la continuidad de la tercerización, mientras que los trabajadores la consideran lesiva a sus derechos.

La tercerización laboral es igual a la especialización del trabajo. Prohibirla, como en la práctica pretende el Ministerio de Trabajo siguiendo la Agenda 19, no solo vulnera el empleo “experto” –que tanto esfuerzo ha costado desarrollar–, sino que también perjudicaría el dinamismo de las empresas, restándoles productividad y, por lo tanto, haciéndolas menos competitivas.

La OIT reconoce esta modalidad de contratación y promueve su regulación, no eliminación. En esa línea, entre los países miembros de la OCDE, solo México prohíbe la tercerización laboral desde 2021. El resultado fue el previsible: de los 5 millones de trabajadores contratados por terceros, solo 2,7 millones lograron ser incorporados en las planillas de las empresas clientes.

El verdadero problema de esta modalidad de contratación en el Perú, así como en el resto del mundo, es la existencia de algunos casos en los que se ha abusado de la tercerización laboral y perjudicado a algunos trabajadores.

Esto está asociado con niveles de monitoreo y fiscalización deficientes. De las casi 1.000 empresas tercerizadoras formales en el Perú, la Sunafil inspeccionó a menos del 20%.

Dado que los mecanismos de contratación más usados –el régimen general y los de promoción para PYMES– han logrado escasos avances en el fomento de la formalización, cabe preguntarse ¿por qué eliminar la tercerización garantizaría la protección efectiva de los trabajadores? Una preocupación genuina buscaría mejorar el sistema de monitoreo y la fiscalización.

Por un lado, exigir la inscripción de las empresas de tercerización y verificar la existencia de capital mínimo, activos y personal que respalden las operaciones de estas empresas. Por otro lado, resulta clave fortalecer las capacidades de Sunafil dotándola de mayores recursos humanos y tecnológicos a fin de realizar una fiscalización cada vez más inteligente.

De no derogarse el reglamento del MTPE, se generará una alta incertidumbre sobre los criterios bajo los cuales se permitirá la tercerización laboral. Si las restricciones se convierten en prohibición, se estima que apenas un quinto de los trabajadores tercerizados podría ser absorbido por las planillas de las empresas usuarias. Esto tendría severas implicancias en varios sectores de la economía, incluyendo entidades públicas. A largo plazo, debido a la asignación ineficiente de recursos, se verá afectado el crecimiento económico y el potencial para crear empleos de calidad.

Fuente: larepublica.pe


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