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El contrabando y la Sunat

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¿Cuán efectiva es la Sunat en la lucha contra el contrabando?

En las últimas semanas, el superintendente de la Sunat, en una serie de entrevistas a medios locales, ha revelado los esfuerzos que viene haciendo la Sunat para duplicar su capacidad de fiscalización a través del uso de la factura electrónica, la explotación de la información del ITF, información de las redes sociales y técnicas de Big Data.

Si bien es encomiable que el ente recaudador incorpore los avances tecnológicos para mejorar su capacidad de fiscalización, no por ello debería descuidar una de sus funciones básicas que es el combate al contrabando. Como lo hemos comentado en entregas anteriores, los avances tecnológicos deberían ser utilizados prioritariamente para aumentar la base tributaria (captar al sector informal) y no solo para aumentar la fiscalización del sector formal. En esta entrega analizamos el desempeño de la Sunat en la lucha contra el contrabando y qué medidas se podrían tomar para tornarla más efectiva.

Estimar la magnitud del contrabando es una tarea compleja debido a la naturaleza ilícita de esta actividad. La Sunat y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) han efectuado estimaciones en el pasado (para el período 2002 – 2009). Existe una alta correlación entre los niveles de contrabando y la actividad económica, la informalidad laboral, tasa arancelaria efectiva de importación y la tasa efectiva del IGV a las importaciones.

En el Gráfico 1 se presenta la evolución de la tasa efectiva del impuesto a las importaciones (arancel) para el periodo 1996 – 2017. La tasa efectiva se define como la relación porcentual entre el arancel efectivamente recaudado y el valor de las importaciones. Observamos que esta tasa ha venido cayendo desde el 12 % en 1996 a menos de 2 % en el 2017. Esta caída es producto de la reducción de las tasas arancelarias y la firma de los múltiples TLC.

En el Gráfico 2 se presenta la evolución de la tasa efectiva del IGV a las importaciones para el periodo 1999 – 2017. Notamos que la tasa efectiva del IGV no es igual a la tasa nominal del IGV debido a que la base imponible del IGV es el valor de las importaciones más el arancel, el selectivo al consumo y otras tasas efectivamente pagadas en la aduana. La tasa efectiva a caído del 20 % en 1999 a menos de 18 % en el 2017.

Uno esperaría que la reducción de las tasas efectivas tanto del arancel como del IGV debería desincentivar el contrabando. Sin embargo, esto no ha sucedido debido al crecimiento de la informalidad de la economía a partir del 2009. La tasa efectiva arancelaria es bastante baja (menos del 2 %) pero la tasa del IGV (18 %) es un poderoso incentivo para el contrabando.

En el Gráfico 3 se presenta la estimación del contrabando en el Perú como porcentaje del valor de las importaciones para el periodo 2002 – 2017. Hasta el 2009 los estimados son los de la Sunat. A partir del 2010 son estimados proyectados por el modelo PREDICE. Notamos que el porcentaje venia cayendo hasta el 2008 como consecuencia de la reducción de las tasas efectivas y el crecimiento sostenido de la economía y la reducción de la informalidad. Con la crisis financiera mundial esta tendencia se revirtió en el 2009 y a partir del 2013 se ha acelerado. A fines del 2017 el contrabando como porcentaje de las importaciones ha vuelto a los niveles que se tenía en el 2002. Esto es consecuencia del estancamiento económico y el aumento de la informalidad.

Tomando la proyección del indicador contrabando como porcentaje de las importaciones para el 2017 (5 %), obtenemos que el contrabando expresado en dólares americanos el año pasado llegó a los US$ 2,000 millones. Este estimado concuerda con uno reciente hecho por la SNI. Lo alarmante de esta proyección es el ritmo de crecimiento que se observa en los últimos años.

¿Por qué son preocupantes estos niveles de contrabando? Son preocupantes no solo por los aranceles e IGV que se dejan de recaudar sino también por el impacto que el contrabando tiene sobre la industria local. En el caso del IGV y los aranceles, se estima que el monto evadido en las fronteras bordea los US$ 400 millones por año. A este monto hay que sumarle el IGV y el impuesto a la renta dejado de percibir en toda la cadena de comercialización de estos productos. Los productos que ingresan de contrabando generan una cadena de informalidad en todas las actividades asociadas al transporte y comercialización de estos productos.

El impacto del contrabando sobre la industria local es difícil de cuantificar, pero es significativo. La competencia desleal que representa que un producto de contrabando pueda ser vendido 20 % más barato que el mismo producto fabricado por la industria local es determinante en la sobrevivencia de esta.

El problema se acrecienta porque el contrabando está localizado en pocos productos. Las industrias más afectadas son las de textiles, calzados, alimentos y licores y bebidas. En el caso de las industrias del sector textil y calzado, estas tienen que lidiar, además del contrabando, con el problema del ‘dumping’ predatorio. Menores ventas de la industria local significan una menor recaudación del impuesto a la renta e IGV.

Tres son los puntos principales utilizados por las mafias para ingresar los productos ilegales. El primero y más importante se ubica en Puno. El problema no solo se ha convertido en un tema aduanero o policial, sino que en la actualidad se le considera como un tema social por la cantidad de personas involucradas en el transporte y comercialización de la mercadería ilegal. Los otros dos puntos críticos se ubican en Tacna y en Tumbes.

Dos veces por semana ingresa a Puno, procedente de Bolivia, un convoy con aproximadamente 80 camiones llamado la “culebra sur”. Se estima que, mediante esta ruta y modalidad, se interna en forma ilegal el 80 % de la mercadería que llega a Puno. Impedir esta modalidad debe ser objetivo prioritario de la Sunat. También existe otro convoy llamado la “culebra norte” que viene de Tacna y Desaguadero, y es más pequeño que la llamada culebra sur pero igualmente significativo. En el caso de la frontera con Ecuador, también se han detectado organizaciones mafiosas que viene incrementando sus actividades.

¿Qué puede hacer la Sunat para combatir de forma efectiva el contrabando? Utilizar tecnología de la información de punta junto con el apoyo de la policía y las fuerzas armadas para detectar el ingreso de mercadería ilegal por nuestras fronteras.

Fuente: expreso.com.pe


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Elevar Impuesto al Juego a 14% impediría recaudar S/79 mllns

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Casinos y tragamonedas. Congresista Miguel Torres propuso elevar el Impuesto al Juego como “solución técnica” ante la constitucionalidad del ISC. Sin embargo, la carga tributaria para los juegos de azar sería menor a la expectativa del MEF.

Tras el escándalo generado por la recomendación de la Comisión de Constitución del Congreso para derogar el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a los casinos y tragamonedas, el congresista de Fuerza Popular, Miguel Torres, presentó un proyecto de ley como “solución técnica” al debate de la constitucionalidad.

Según su iniciativa, elevar el Impuesto al Juego, que actualmente tiene una tasa de 12% sobre la renta gravable, a 14% no solo evitaría que el Estado deje de recaudar impuestos por las acciones de amparo que interpondrían los casinos y tragamonedas, sino que también permitiría elevar la recaudación ante una industria que genera problemas de salud como la ludopatía.

Sin embargo, a pesar de que el congresista Torres niega tener conflictos de interés con los casinos, el proyecto de ley aún termina siendo beneficioso para la industria de los juegos de azar.

Los cálculos

Según los estimados del congresista Torres, manteniendo la tasa de Impuesto al Juego en 12%, el Estado recaudaría S/ 336 millones en todo el año 2019. Por ello, su propio estimado indica que, de elevar el Impuesto al Juego a 14%, la recaudación del año 2019 a la industria de juegos y casinos ascendería a S/ 392 millones.

Es decir, S/ 56 millones más a través de la misma iniciativa. Sin embargo, el ISC a este sector que entrará en vigencia en el 2019 espera recaudar S/ 135 millones adicionales, los cuales tienen una diferencia de S/ 79 millones con lo que el proyecto de Torres espera recaudar en el mismo año derogando, por supuesto, el ISC.

El economista Armando Mendoza explica que la propuesta de Torres “no convence en lo absoluto” debido a que el ISC es un impuesto más transparente porque se recauda por máquina y por sala de casino, mientras que el Impuesto al Juego se recauda sobre la renta de un casino.

Además, la recaudación es largamente inferior a la inafectación del sector al IGV.

“Esa cifra de recaudación adicional es largamente inferior a los S/ 135 millones que el Ministerio de Economía y Finanzas esperaba recaudar con la aplicación del ISC Casino y Tragamonedas y que se pretende ahora derogar desde el Congreso”, señaló Mendoza.

Más aún, agregó, la propuesta legislativa está muy lejos de compensar los S/ 492 millones estimados y que anualmente representa la exoneración al IGV que recibe ese mismo sector”, explicó Mendoza.

¿Inconstitucional?

A pesar de que la iniciativa busca la constitucionalidad de una mayor carga tributaria para los juegos y casinos, el tributarista Jorge Manini considera que elevar el Impuesto al Juego podría ser contraproducente. Según recuerda, en el 2001 el Tribunal Constitucional ordenó que la tasa de este impuesto se reduzca de 20% a 12%. Por lo tanto, elevarla podría derivar en una nueva acción de inconstitucionalidad.

“El Impuesto a los Juegos tuvo un gran problema, lo que llevó a bajar la tasa del 20% y se ordenó al Congreso que ponga una tasa más adecuada, que es el actual 12%. Incluso para mucha gente era demasiado alta. Yo no sé si de repente esa subida de tasa podría colisionar con la decisión del Tribunal Constitucional”, comentó.

Además, agrega Manini, el ISC y el Impuesto al Juego son tributos que persiguen objetivos diferentes. “El ISC grava al consumidor y es de naturaleza distinta porque quien lo paga es el consumidor, mientras que el impuesto al juego se aplica sobre la renta”, apuntó.

Claves

Según el Marco Macroeconómico Multianual, la inafectación de Impuesto General a las Ventas (IGV) a los casinos y tragamomedas alcanzará los S/ 492 millones en el 2019. Sin embargo, las industrias de juegos de azar sí pagan IGV por la venta de máquinas tragamonedas.

Según el Instituto Nacional de Salud (INS), la ludopatía crece a un ritmo de 33% al año en el Perú. Cedro reveló que el 13,1% de menores entre 12 y 18 años han hecho uso de máquinas tragamonedas en el 2017.

Según ley, la recaudación del Impuesto al Juego se divide entre las municipalidades provinciales y regionales, IPD y el Mincetur.

Fuente: larepublica.pe


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