Decretos legislativos favorecen gran inversión

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Normas debilitan protección de tierras comunales y recursos forestales.

 

Los 99 decretos legislativos promulgados por el Ejecutivo peruano entre marzo y junio de este año —haciendo uso de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso para adaptar la legislación nacional al tratado de libre comercio (TLC) con EEUU, que debe entrar en vigencia el 1 de enero del 2009—, han incorporado temas de la agenda interna del gobierno que van más allá del acuerdo comercial.

Según el antropólogo Carlos Monge, del Grupo Propuesta Ciudadana, “el gobierno se ha excedido en el mandato”.

 

“Este es el tercer round del fomento de la gran inversión”, dijo Monge durante la presentación del análisis de los decretos legislativos referidos a comunidades, recursos naturales y medio ambiente, realizada en Lima el 21 de octubre, a iniciativa de la Red Globalización con Equidad. “El primer round fue a mediados de los 90 con el remate de los activos [privatización], el segundo fue la desregulación [de la inversión extranjera] entre el 2001 y el 2005, y ahora estamos en la aplicación de la doctrina de ‘el perro del hortelano’”.

Monge se refiere a la doctrina planteada por el presidente Alan García en un artículo titulado “El síndrome del perro del hortelano”, publicado en octubre del año pasado por el diario  El Comercio, el más importante del país, en el que señala que “hay muchos recursos sin uso que no son transables, que no reciben inversión y que no generan trabajo”. Y para explotar esos recursos es necesaria la inversión privada.

El paquete de normas apunta justamente a flexibilizar las regulaciones sobre las tierras campesinas y la protección ambiental para permitir el ingreso del gran capital.

Laureano del Castillo, abogado del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), precisó que 84% de las unidades agropecuarias en el Perú está en manos de pequeños agricultores o son tierras comunales.

“De los 99 decretos legislativos, 26 tienen como objetivo promover la inversión y competitividad de la agricultura sin tomar en cuenta a los pequeños productores, comunidades campesinas y nativas, que serían los más afectados, considerando que la agricultura es la actividad que genera la mayor cantidad de empleo en el país”, dijo.

A su turno, Alberto Barandiarán, abogado especializado en temas ambientales, indicó que los decretos legislativos debilitan la legislación ambiental, al poner por encima el comercio o la inversión.

Los expertos coincidieron en señalar el importante papel de la sociedad civil en promover la derogatoria de los decretos legislativos o su declaración de inconstitucionalidad, por constituir una amenaza al uso sostenible de las tierras agrícolas y los derechos de los agricultores y poner en riesgo la sostenibilidad de los recursos hídricos y los bosques amazónicos, entre otros recursos

Fuente : www.noticiasaliadas.org

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