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Declaran el año 2019 como el “Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”

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DECRETO SUPREMO N° 005-2019-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 39 de la Constitución Política del Perú establece que todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación;

Que, la Convención Interamericana contra la Corrupción, tratado suscrito por el Estado peruano, señala en su Preámbulo que: “la democracia representativa, condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, por su naturaleza, exige combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, así como los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio”;

Que, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente Nº 0017-2011-PI/TC sostiene que nuestro sistema jurídico consagra como un bien jurídico relevante la proscripción de la corrupción, la cual es consistente además con los principios de orden democrático y de soberanía política;

Que, por su parte, la Ley N° 27815 – Ley del Código de Ética de la Función Pública, establece los principios, deberes y prohibiciones éticas que rigen para los servidores públicos de las entidades de la Administración Pública, estableciendo el deber de la probidad, el cual implica actuar con rectitud, honradez y honestidad en aras de satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona;

Que, el Acuerdo Nacional establece en su Política 26 la promoción de la ética y la transparencia y erradicación de la corrupción, el lavado de dinero, la evasión tributaria y el contrabando en todas sus formas, la cual tiene por objeto, entre otros, desterrar la impunidad, el abuso de poder, la corrupción y el atropello de los derechos;

Que, la lucha contra la corrupción constituye una política de Estado de la mayor importancia, pues propende a la garantía de la ética pública y al respeto indiscriminado del Estado de Derecho, además de ser una precondición del desarrollo social, económico y político del país;

Que, resulta fundamental contar con servidores íntegros, capacitados y comprometidos con la función pública. Para ello el Estado debe no solo erradicar cualquier práctica irregular o poco transparente a su interior, sino visibilizar la necesidad de luchar con las herramientas que el marco jurídico le otorga contra quienes amenacen o atenten contra dicha pauta de comportamiento;

Que, por las consideraciones expuestas, resulta necesario declarar el Año 2019 como el “Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) del Artículo 118 de la Constitución Política del Perú;

DECRETA:

Artículo 1.- Declárese el año 2019 como el “AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD”

Artículo 2.- Durante el año 2019 se consignará dicha frase en los documentos oficiales.

Artículo 3.- El presente Decreto Supremo es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve días del mes de enero del año dos mil diecinueve.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO

Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO

Presidente del Consejo de Ministros

1730158-4

Fuente: elperuano.pe


DECRETO SUPREMO

N° 005-2019-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 39 de la Constitución Política del Perú establece que todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación;

Que, la Convención Interamericana contra la Corrupción, tratado suscrito por el Estado peruano, señala en su Preámbulo que: “la democracia representativa, condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, por su naturaleza, exige combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, así como los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio”;

Que, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente Nº 0017-2011-PI/TC sostiene que nuestro sistema jurídico consagra como un bien jurídico relevante la proscripción de la corrupción, la cual es consistente además con los principios de orden democrático y de soberanía política;

Que, por su parte, la Ley N° 27815 – Ley del Código de Ética de la Función Pública, establece los principios, deberes y prohibiciones éticas que rigen para los servidores públicos de las entidades de la Administración Pública, estableciendo el deber de la probidad, el cual implica actuar con rectitud, honradez y honestidad en aras de satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona;

Que, el Acuerdo Nacional establece en su Política 26 la promoción de la ética y la transparencia y erradicación de la corrupción, el lavado de dinero, la evasión tributaria y el contrabando en todas sus formas, la cual tiene por objeto, entre otros, desterrar la impunidad, el abuso de poder, la corrupción y el atropello de los derechos;

Que, la lucha contra la corrupción constituye una política de Estado de la mayor importancia, pues propende a la garantía de la ética pública y al respeto indiscriminado del Estado de Derecho, además de ser una precondición del desarrollo social, económico y político del país;

Que, resulta fundamental contar con servidores íntegros, capacitados y comprometidos con la función pública. Para ello el Estado debe no solo erradicar cualquier práctica irregular o poco transparente a su interior, sino visibilizar la necesidad de luchar con las herramientas que el marco jurídico le otorga contra quienes amenacen o atenten contra dicha pauta de comportamiento;

Que, por las consideraciones expuestas, resulta necesario declarar el Año 2019 como el “Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) del Artículo 118 de la Constitución Política del Perú;

DECRETA:

Artículo 1.- Declárese el año 2019 como el “AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD”

Artículo 2.- Durante el año 2019 se consignará dicha frase en los documentos oficiales.

Artículo 3.- El presente Decreto Supremo es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve días del mes de enero del año dos mil diecinueve.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO

Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO

Presidente del Consejo de Ministros

1730158-4

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La ley del pago oportuno de facturas: otra pérdida de tiempo

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En una economía de mercado, tratar de abolir la ley de la oferta y la demanda es tan difícil como abolir la ley de la gravedad. Sin embargo, pareciera que el Congreso sigue empeñado en desafiar “las leyes de la física”. Hace unos días, Fuerza Popular y Cambio 21 han presentado distintos proyectos para decretar que el pago de las facturas a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) debe ser hecho en 30 días.

Hay coincidencia en la exposición de motivos de ambos proyectos: promover acceso al financiamiento, mejorar la competitividad y limitar “la relación asimétrica entre las grandes empresas y las mipyme ocasiona un fallo de mercado, que se materializa en condiciones de pagos favorables a la gran empresa…”

Los congresistas acaban de descubrir América. En mercados oligopólicos y pequeños -como el peruano- naturalmente las empresas dominantes ejercen su poder de negociación en todos los frentes. A los proveedores, los presionarán para bajar sus precios y aumentar los términos de pago; a los consumidores, trataran de vendernos productos caros y de calidad solo aceptable; y al gobierno, le pelearan exoneraciones tributarias y demás gollerías. Piensen, en negocios como la telefoníala banca, la cerveza, el cemento, las AFP, los supermercados, etc. donde no más de tres o cuatro empresas controlan 90% o más del mercado. En las mencionadas categorías, las empresas líderes son muy rentables pues usan todo su capacidad de palanca en su día a día.

Si bien hay buenas intenciones, determinar que el pago de una factura se haga en 30 días es totalmente arbitrario. Este crédito proveedor varía de mercado a mercado en función a los diferentes ciclo de negocios (compras-producción-ventas-cobranza) de cada producto. Es diferente venderle alimentos perecibles a un supermercado, vinos a una licorería, insumos a una farmacéutica, o suministros a una minera. Cada producto tiene un ciclo de negocioso rotación diferente, el cual es autoregulado por las fuerzas del mercado. En unos casos 30 días bastan y sobran; pero en otros, serán insuficientes.

Pero lo peor de estos proyectos de ley es que constituyen una total pérdida de tiempo (dinero de nosotros, los contribuyentes) y terminan – contrariamente al objetivo – trabando más los mercados.Porque de seguro, las grandes empresas – empezando por las estatales – encontrarán más de una forma de esquivar esta bala. Para empezar, negociarán con las mipyme un ajuste en el precio si es que quieren cobrar en 30 días. Segundo, les podrían pedir a una mipyme a que despache su producto usando una guía de remisión y que mande su factura “60 días después”. Tercero, podrían obligar a firmar un acuerdo por escrito (figura contemplada en uno de los proyectos de ley) para extender los términos de pago. Cuarto, podrían incluso crear una empresa de factoring y descontar sus facturas ellos mismos. Lo peor, es que como todas las personas en el mercado tienen en conjunto muchísimo más conocimiento e información que este servidor; les aseguro que, además de mis cuatro ideas, surgirán numerosas formas más para sacarle legalmente la vuelta a la regulación. Esto se llama economía de mercado.

Si usted aún duda, repasemos la historia. En el 2011, la ley No. 29623 creó la factura negociable. Curiosamente con el mismo fin: apoyar a las mipyme facilitando su acceso al financiamiento y mejorar su capitalización. Al final del día, las grandes empresas les dijeron a sus proveedores que si descontaban sus facturas en el sistema bancario les ajustarían los precios o no les volverían a comprar. Conclusión, la factura negociable nunca despegó.

La forma correcta en que un gobierno puede ayudar a las mipyme – y a todos los consumidores – es simplificar sus procesos, quitar las barreras a la entrada a los mercados y promover la libre competencia. Por ejemplo, ayudando a que las fintech compitan con los bancos, promoviendo la entrada de nuevos operadores de telefonía, abriendo el mercado de las AFPs a la competencia extranjera, etc, etc.

Las leyes de la oferta y la demanda, como las de la física, no se cambian por decreto. Hace tiempo que los todos los peruanos debimos haber aprendido esta lección, fina cortesía de Velasco y Alan García. Pero parece que hay personas que aprenden más lento que otras. Paciencia.

Fuente: semanaeconomica.com


TALLER PRÁCTICO: “SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA” SIAF RP – 2019
OPERACIONES PRÁCTICAS
Fecha: Domingo 24 Febrero y 03 de Marzo del 2019
Hora: 9:00 -6:00 pm

Modalidad Presencial:
» Inversión: S/ 190.00 Soles.
» Pronto Pago: S/ 160.00 (Hasta el 16 de Febrero).
» Ex-Alumno y estudiantes pregrado: S/ 140.00 Soles.

Modalidad Transmisión en vivo :
» Inversión: S/ 140.00 Soles.
» Pronto Pago: S/ 110.00 (Hasta el 16 de Febrero).
» Ex-Alumno y estudiantes pregrado: S/ 90.00 Soles.

Nota: Los precios No incluyen el IGV.

*** A los suscriptores de la revista 35 % de descuento (Plan Anual) www.perucontable.com/revista

Evento: https://www.facebook.com/events/280960262558546/
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