Recientemente, el Congreso de la República de Perú ha presentado un proyecto de ley que propone un régimen de apoyo para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). Esta propuesta busca ofrecer un período de gracia a las cargas tributarias y laborales que enfrentan las MIPYMES durante sus primeros años de operación, con el objetivo de fomentar su crecimiento y formalización. Sin embargo, el impacto de esta medida en la formalización y sostenibilidad del sector aún está por evaluarse.
¿Qué propone el proyecto de ley?
La propuesta del proyecto de ley contempla una serie de beneficios para las MIPYMES en sus primeros años de operación:
- Exoneración de Impuestos: Durante los primeros dos años, las MIPYMES estarían exoneradas del pago del Impuesto a la Renta (IR) y del Impuesto General a las Ventas (IGV) .
Esta medida se aplicaría únicamente a empresas con una facturación anual no mayor a 1,000 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y un capital social no superior a 500 UIT , siempre que estén registradas formalmente ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) y la Superintendencia Nacional. de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) . - Exoneración de inspecciones laborales: Durante sus tres primeros años, las MIPYMES estarán exentas de las inspecciones laborales por parte de SUNAFIL , salvo en casos de vulneración grave de derechos laborales o denuncias fundadas.
- Asistencia técnica y capacitación: En lugar de sanciones, las empresas recibirán asistencia técnica y capacitación para cumplir con la normativa laboral al término del período de gracia.
- Exoneración de contribuciones a la seguridad social: Se propone la exoneración de las contribuciones a la seguridad social por dos años, condicionada a la participación en programas de formación empresarial organizados por el Ministerio de la Producción (Produce) , SUNAFIL y SUNAT .
El objetivo de estas medidas es reducir la mortalidad empresarial y la informalidad en el sector, problemas que afectan a muchas MIPYMES. No obstante, existe un impacto inicial en la recaudación fiscal debido a las exoneraciones, aunque el proyecto argumenta que este costo se compensará a largo plazo mediante la formalización de más empresas y el incremento en la base de contribuyentes.
Perspectiva tributaria
El proyecto ha generado varias opiniones entre los expertos. Fernando Núñez, socio de Hernández & Cía , considera que la iniciativa es arriesgada . Si bien las intenciones son positivas, advierte que la falta de controles podría generar el fenómeno de la atomización empresarial , donde empresas de mayor tamaño se dividen en pequeñas entidades para acceder al beneficio tributario. Según Núñez, las empresas podrían buscar mantenerse por debajo del umbral de las 1.000 UIT para reducir su carga impositiva.
Además, señala que los límites de facturación anual y capital social establecidos en el proyecto son elevados , lo que podría permitir que empresas grandes aprovechen el sistema para eludir impuestos. Otra preocupación que plantea es la alta informalidad del sector, lo que dificultaría el control y la efectividad de la medida. Para él, es complejo asegurar que el beneficio se destine exclusivamente a quienes realmente lo necesitan.
Perspectiva laboral
Desde el ámbito laboral, el proyecto también ha generado críticas. Martín Ruggiero , abogado laboralista, señala que la eliminación de inspecciones laborales podría abrir la puerta a abusos por parte de algunas empresas, debilitando así la protección de los derechos laborales. En su opinión, una alternativa más eficaz permitiría las inspecciones pero exonerar a las empresas de multas en caso de que corrijan sus infracciones y se formalicen.
Ruggiero también destaca que algunos conceptos del proyecto, como “ vulneración de derechos fundamentales ” o “ denuncia fundada ”, carecen de definiciones precisas. Esto podría generar interpretaciones ambiguas y dificultar la correcta aplicación de las medidas, lo que refleja la necesidad de incluir disposiciones complementarias para garantizar la seguridad jurídica .
¿Fomentaría este proyecto la formalización?
Aunque el proyecto es un punto de partida, Ruggiero se muestra escéptico sobre su capacidad para solucionar el problema de la informalidad en el país, un desafío estructural que no se resolverá con aisladas. En su opinión, se requieren políticas públicas integrales y coordinadas para abordar este problema de manera efectiva.
Por su parte, Fernando Núñez propone un cambio de enfoque más gradual, sugiriendo una reforma integral del régimen tributario para las MIPYMES. En lugar de un cambio drástico, propone un sistema escalonado , en el que las empresas se enfrentan a un incremento gradual en sus obligaciones fiscales a medida que crecen, en lugar de pasar de un régimen sin impuestos a uno con una carga del 29.5% de forma abrupta.
FUENTE: Gestión
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