El Congreso de la República publicó la Ley N.° 32683, que modifica el artículo 59 de la Ley N.° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, con el objetivo de fortalecer el acceso a la pensión no contributiva para las personas con discapacidad severa en situación de vulnerabilidad.

La norma precisa quiénes pueden acceder a este beneficio, las entidades responsables del procedimiento y el rol que desempeñan el Ministerio de Salud y el CONADIS en el otorgamiento de la pensión.
¿Qué modifica la ley Nº 32683?
La ley reemplaza el texto del artículo 59 de la Ley General de la Persona con Discapacidad para regular de manera más precisa el acceso a la pensión no contributiva por discapacidad severa.
De acuerdo con la nueva redacción, podrán acceder a este beneficio las personas con discapacidad severa que se encuentren en situación de pobreza, conforme a los criterios establecidos por el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), y que no perciban una pensión proveniente del sector público o privado.

¿Qué entidades participan en el procedimiento?
La norma también define las funciones de las entidades públicas involucradas en el proceso.
Las Direcciones de Salud serán responsables de expedir los certificados de discapacidad severa, mientras que el Ministerio de Salud deberá remitir la información necesaria a las instancias competentes para sustentar el otorgamiento de la pensión. Por su parte, el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) tendrá a su cargo el registro de dicha información.
¿La ley otorga automáticamente la pensión?
No. La publicación de la Ley N.° 32683 no significa que toda persona con discapacidad severa accederá automáticamente a una pensión. El beneficio continúa sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley, entre ellos la condición de pobreza, la inexistencia de otra pensión y las condiciones que serán desarrolladas mediante el reglamento correspondiente.

¿Qué impacto tiene esta modificación?
La norma busca fortalecer la protección social de las personas con discapacidad severa en situación de mayor vulnerabilidad y mejorar la coordinación entre las entidades encargadas de certificar, validar y registrar la información necesaria para el acceso al beneficio. Asimismo, brinda mayor claridad al procedimiento administrativo, lo que podría contribuir a una gestión más eficiente del otorgamiento de las pensiones no contributivas.
Conclusión
La Ley N.° 32683 fortalece el marco legal de las pensiones no contributivas por discapacidad severa, precisando los requisitos de acceso y las responsabilidades de las entidades públicas involucradas. Sin embargo, el otorgamiento del beneficio seguirá condicionado al cumplimiento de los criterios previstos por la ley y por el reglamento que desarrolle su aplicación.
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