Empresas deben negociar con trabajadores su traslado a otras sedes

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El Tribunal de Fiscalización Laboral ha emitido una resolución en relación con la controversia surgida por el traslado de empleados de una compañía del sector pesquero desde su sede principal hacia distintas localidades del norte del país durante la pandemia de COVID-19. Esta decisión se enfoca en evaluar las medidas tomadas por la empresa en el contexto del traslado de personal de manera justificada, así como en los derechos de los trabajadores afiliados a sindicatos. Aquí te contamos todos los detalles.

La situación se desencadenó en agosto de 2021, cuando aproximadamente 44 empleados fueron informados por la empresa sobre su próxima reubicación geográfica, argumentando necesidades operativas relacionadas con la crisis de COVID-19.

La comunicación de la empresa a los trabajadores se realizó de forma unilateral, sin proporcionar detalles sobre la duración o condiciones específicas del traslado, ni ofrecer un espacio para negociación o impugnación por parte de los trabajadores afectados.

Tras una inspección laboral de Sunafil, se encontró que la empresa había cometido actos antisindicales y hostigamiento laboral, lo que resultó en una multa. La empresa impugnó estas decisiones en primera y segunda instancia, llegando finalmente al Tribunal de Fiscalización Laboral.

Este tribunal, al revisar el recurso de la empresa, consideró inválidos sus argumentos y determinó que el traslado constituía un acto de hostilidad laboral hacia los trabajadores.

El fallo destacó la falta de un procedimiento que permitiera a los trabajadores conocer, cuestionar o negociar las condiciones del traslado, así como la omisión de la empresa de entablar una negociación previa con los sindicatos, incumpliendo normativas específicas establecidas durante la pandemia.

Opiniones

Brian Ávalos, Socio del Área Laboral de Payet, Rey, Cauvi, Pérez, Abogados:

Resaltó tres puntos importantes del caso: la importancia de informar a los sindicatos sobre cambios laborales, la necesidad de justificar objetivamente medidas operativas y considerar el impacto en la libertad sindical al trasladar trabajadores.

Desde su perspectiva, el problema radica más en las acciones de la empresa que en la normativa. Ávalos destaca que los traslados son posibles con justificación objetiva y razonabilidad, pero critica a la empresa por no justificar ni comunicar adecuadamente el traslado de los trabajadores según la normativa vigente durante la pandemia.

Jorge Toyama, socio de Vinatea & Toyama y experto en derecho laboral:

cuestiona la base de la decisión del tribunal, señalando la falta de claridad en la relación entre los traslados y la supuesta afectación a la libertad sindical. Desde su punto de vista, la resolución judicial no ofrece un análisis detallado que demuestre cómo estos cambios de lugar de trabajo constituyen un acto antisindical.

Destaca la importancia de una justificación sólida para tales decisiones y comenta que no ve en la resolución una descripción suficiente de la situación sindical de los trabajadores afectados. Reconoce la complejidad de equilibrar las medidas sanitarias en el lugar de trabajo con la protección de los derechos sindicales.

Aunque reconoce que la intención de la empresa de reubicar a los trabajadores puede ser legítima desde el punto de vista de la salud pública, considera que la falta de transparencia y justificación detallada sobre cómo estos traslados afectan específicamente la actividad sindical deja muchas preguntas sin respuesta.

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