Decisión final del retiro de los fondos de la ONP por el pleno de congreso.

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El domingo 29 de noviembre el presidente de la República del Perú, mencionó, que el retiro de la ONP afectaría y provocaría problemas en la caja fiscal, si el 02 de diciembre de 2020 el Pleno de Congreso aprobaría por insistencia la devolución de fondos a los aportantes de la ONP, entonces se acudiría al Tribunal Constitucional.

Al respecto, el constitucionalista y experto en derecho de defensa, Jorge Liendo, resaltó que, de aprobarse la ley, sería perfectamente aplicable. Es más, consideró que el TC no podría ir contra ella porque afectaría el artículo N°2 de la Constitución. Esta garantiza la vida, la integridad moral, psíquica y física. Así como el libre desarrollo y bienestar.

“Los aportantes son víctimas de la apropiación ilícita de sus recursos. Tienen derecho al auxilio mutuo de su pensión para salvar sus vidas. Denegar esto iría contra el derecho a la salud, pues en medio de la pandemia y la ola de desempleo, la gente necesita su dinero”, señaló.

“El presidente Sagasti no puede confundir un derecho vital de supervivencia con la burocracia del Estado”.

Los aspectos descritos en las líneas precedentes se constituyeron como baluartes preponderantes en la gestación de esta crisis del SNP, originó un alto nivel de desempleo y la informalidad en el país, muestra de ello, según indicadores del INEI el empleo formal ha disminuido ostensiblemente en los últimos meses lo que ha ocasionado la presencia de conflictos sociales, huelgas y marchas a nivel nacional.

El presidente Sagasti, no puede tomar como una medida de solución ante esta problemática y resolver esta situación con una frase “el populismo”. Entendemos que estamos a puertas de las nuevas elecciones presidenciales y congresales, por lo cual no se puede tomar una decisión pensando solo en los candidatos y/o partidos políticos que asumirán el poder ejecutivo y legislativo frente a una situación de crisis social.

Al estado le corresponde garantizar la vida y la salud de los peruanos que son los ex aportantes y aportantes; quienes son ellos que aportan mensualmente un 13% de sus sueldos para los fondos de la ONP, siendo así la tasa más alta frente al SPP (AFP’s) y que también es utilizada como pago de pensiones para los jubilados. Además, los otros fondos no recuperables de los ex aportantes van directamente al Tesoro Público.

En realidad, si el presidente quiere resolver el problema para los afiliados a la ONP, en mi opinión no debería darles poder y puerta a los partidos políticos para atribuirse como un tema populista para sus campañas, es el mismo presidente de la república que está gestando que sean los partidos políticos quienes decidan sobre los 4.7 millones de afiliados a la ONP como propuesta para sus campañas políticas.

Esto introduce a la discusión de la Ley de Retiro de la ONP, y como era prioritario evaluar sobre la vacancia presidencial, el Pleno del Congreso postergó innumerable de veces la Ley de retiro de los fondos de la ONP. Como es de conocimiento público la discusión de la moción estuvo estancada en varias oportunidades, razón por la cual se viene debatiendo desde el mes de abril hasta la actualidad sobre el retiro de la ONP y el Sistema Nacional de Pensiones (SNP), toda vez que ello se encuentra polarizado desde el anterior gobierno, y concluya en contestar esta demanda y permita que los peruanos puedan afrontar la crisis sanitaria y económica en sus hogares. La crisis social y conflicto no se acabará mientras no se empiece a generar la fórmula o el retiro facultativo que se exigió al anterior gobierno.

Varias razones justifican a los afiliados a la ONP para que el presidente de la República y el gabinete ministerial prioricen esta demanda.

El 29 de noviembre del presente año el Congreso de la República aprobó la Ley de presupuesto fiscal para el 2021, siendo de prioridad los sectores de educación y salud para afrontar esta crisis sanitaria, dejando de lado al sector laboral.

Cabe resaltar que, resulta impertinente no priorizar al sector laboral, porque, los aportantes y ex aportantes dependen de un trabajo para asumir una canasta familiar. Si, hacemos un análisis muchos de ellos ya no trabajan y no cuentan con ingresos fijos por un empleo, se desprende la presencia de desempleo masivo e informalidad laboral. Como debería explicar esta situación el ejecutivo, si únicamente hace hincapié que no cuentan con los recursos y presupuesto para este retiro en este año, y que tampoco se priorizó para el presupuesto fiscal del 2021. Esto daría a entender, que el ejecutivo tampoco tiene la voluntad de resolver esta situación y responder a la demanda.

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Esta crisis ha desenmascarado lo mal que se está gestionando los recursos del Estado, creando brechas sociales. Tal situación está contribuyendo a una desestabilidad social y económica. Entendemos que, el Sistema Nacional de Pensiones, se encuentra resquebrajado y el país necesita reformas urgentes orientadas no sólo afrontar esta crisis sanitaria, sino para mejorar la recaudación de estos fondos, el cálculo de las pensiones, los periodos de años y la empleabilidad en general para el futuro.

Finalmente, el presidente mencionó que, no se puede reformar el SNP, sin una reforma al Sistema Tributario y laboral. Efectivamente, para reformar el SNP se tiene que empezar a fiscalizar el sector laboral con la intervención de la SUNAFIL y a nivel Tributario, verificar a nivel nacional las planillas de trabajadores y constatar no solamente el buen registro de estas planillas sino el pago de las aportaciones descontadas por los empleadores, para así garantizar la pensión digna a los 65 años de edad de todos los peruanos.

Por: Dayssi Canchar


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