El 18 de marzo de 2022, S&P Global Ratings anunció en un comunicado “la reducción de la calificación crediticia soberana en moneda extranjera a largo plazo del Perú a ‘BBB’ desde ‘BBB+’ y su calificación en moneda local a largo plazo a ‘BBB+’ desde ‘A-’. La perspectiva de nuestras calificaciones a largo plazo es estable. Al mismo tiempo, afirmamos nuestras calificaciones crediticias soberanas a corto plazo en moneda local y extranjera de ‘A-2′. También revisamos a la baja nuestra evaluación de transferencia y convertibilidad a ‘A-’ desde ‘A’”.
La agencia S&P afirmó que el estancamiento político del país está socavando los esfuerzos por mantener la confianza de los inversores y limitando las perspectivas de crecimiento. Es decir, hay una mayor posibilidad que desde el exterior se perciba como un país con problemas.
Cabe recordar que es la tercera vez que las agencias calificadoras de riesgos rebajan la calificación al Perú. El primero fue Moody’s, quienes en setiembre rebajó la calificación del país desde A3 a Baa1, fue la primera rebaja de calificación crediticia del Perú en 20 años. Luego en octubre lo realizó Fitch Ratings.
Esta situación se venía reflejando en la caída de los bonos soberanos en los últimos meses, como se muestra en la siguiente figura.
Asimismo, se aprecia un aumento de la tasa de interés en los bonos del estado peruano para los siguientes años.
Esta falta de confianza podría traer algunas consecuencias, tales como:
- El país tendrá que pagar mayores tasas de interés cuando pida dinero prestado porque es considerado más riesgoso.
- Además, tendría menos disponibilidad de recursos para realizar inversiones públicas.
- Los empresarios tendrían desfavorables condiciones crediticias cuando requieran financiamiento del exterior.
- Los bancos, al tener financiamiento del exterior, subirían las tasas de interés a sus clientes.
- También, disminuiría la inversión privada, ya que hay una sensación de incertidumbre.
Sin embargo, la perspectiva estable incorpora la expectativa de S&P de un ajuste fiscal continuo que mantiene la carga de la deuda neta del gobierno general por debajo del 30% del PBI durante los próximos dos o tres años.
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