Más allá del recorte del canon minero

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RECORTE DEL CANON MINERO

En las últimas semanas se ha registrado un gran descontento de los representantes de los gobiernos locales y regionales, especialmente del sur del Perú, Arequipa y Cusco, quienes reclaman por el “recorte del canon minero” y la “derogación de la Ley del Gravamen Minero”.

Como se sabe, las transferencias económicas que realiza el Gobierno Central a las municipalidades, por concepto de canon, se  han visto ampliamente disminuidas y se prevé sigan reduciéndose en el año 20141 . Así, por ejemplo, en el caso de Arequipa, una de las regiones más afectadas, a nivel del gobierno regional se esperaba recibir al menos 170 millones de soles y solo recibirían 87 millones para el 2013. Como es de esperarse, esta situación afecta significativamente el desarrollo de proyectos que ya se habían planificado y presupuestado previamente.

Por otro lado, los representantes de los gobiernos locales y regionales exigen que se derogue la Ley del Gravamen Minero, porque señalan que es a partir de esa norma que han disminuido los ingresos por el canon minero, y que ahora los recursos, en vez de quedarse en los gobiernos regionales y locales, han sido transferidos al Gobierno Central. Cabe señalar que la Ley de Gravamen Minero reemplaza los aportes que realizaban las empresas como parte del Programa de Solidaridad con el Pueblo, comúnmente conocido como Aporte Voluntario, y que significaban acuerdos entre las empresas y los gobiernos regionales y locales para llevar adelante algunos proyectos de alcance local o regional.

Ahora bien, ¿por qué se reduce el canon minero? Desde el Gobierno Central se responde que esto se debería principalmente a la caída de los precios de los metales, lo cual obviamente origina una menor renta y por ende una menor recaudación de impuestos y un menor monto por canon minero. Asimismo, otra razón es el estancamiento de nuevas inversiones mineras, es decir proyectos mineros que no se han concretado, por problemas sociales, ambientales o factores económicos, que disminuye notoriamente la posibilidad de ingresos por la explotación de recursos minerales. A esto se aúna al hecho que, como mencionamos, se concluyó el Programa de Solidaridad o Aporte Voluntario, reemplazado por la Ley de Gravamen Minero a inicios de este gobierno.

Esto nos lleva a reflexionar, más allá del canon minero, sobre cuatro aspectos importantes vinculados con esta problemática y que son trascendentales. En primer lugar, es importante señalar que la actividad minera debería poder contribuir, a través de los ingresos y beneficios que genera, en promover otras actividades económicas, desde la manufactura, el comercio, la agricultura o la ganadería; por su parte, los gobiernos regionales y locales deberían ser los primeros en articular este desarrollo, y en algunos casos usar el canon para cerrar la brecha de infraestructura que pueden tener sus localidades. Asimismo, nos conduce a prestar mayor atención a la volatilidad de los precios de los minerales, situación que requiere que los gobiernos locales y regionales fortalezcan sus capacidades para afrontarlos, y no depender exclusivamente del ingreso por canon minero. Complementariamente a este aspecto, consideramos que, el gobierno central debería tener una estrategia coordinada con los gobiernos regionales y locales para promover las inversiones responsables en el sector minero, que impliquen tener una estrategia de diálogo inclusivo con las comunidades del entorno, a fin de asegurar la viabilidad económica, ambiental y social de cada proyecto.

Por último, y siendo en realidad dos caras de la misma moneda, debemos por un lado procurar una distribución adecuada de los recursos que se generan por la actividad minera, o extractiva en general, y que realmente beneficie al país en su totalidad, no solo a las regiones donde se produce el recurso, reto principalmente del Gobierno Central y, por otro lado, ya distribuidos los recursos, es importante tener una gestión adecuada de los mismos, principal responsabilidad de los gobiernos locales y regionales, pero también de la población, que a través de procesos de rendición de cuentas debería poder conocer el destino de los recursos.

Una vez más, no es solo un problema de cifras, sino de planificación, gestión, equidad en la distribución y vigilancia ciudadana para el gasto. Por ello, consideramos que estos reclamos no deberían terminar en paros y violencia, sino deberían ser una oportunidad para transformar la gestión pública, haciéndola más transparente y eficiente.

Fuente: La República

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