¿Cuál es el orden para pagar las deudas que deja una empresa que cierra?

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Uno de los primeros efectos directos e inmediatos que podemos dar cuenta cuando una empresa cierra, tiene que ver con el carácter persecutorio de las remuneraciones y beneficios laborales.

En ese orden de ideas, comenzaremos comentando lo que nos da a conocer el Decreto Legislativo N.° 856, norma por la cual se determinan los alcances y prioridades a los créditos laborales.

La legislación vigente sobre el tratamiento de la protección de los créditos laborales resultaba dispersa y, en algunos casos contradictoria, creando inseguridad jurídica para las inversiones, actividades y transacciones que realizaban las empresas como fuentes generadoras de puestos de trabajo.

Resultaba imprescindible precisar los alcances del privilegio de los créditos laborales y armonizarlo con el segundo párrafo del artículo 24 de la Constitución Política del Perú, que se refiere a que el pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquier otra obligación del empleador. Por tales motivos, se ha dado el Decreto Legislativo N.° 856, que para el tema en discusión nos indica lo siguiente:

Constituyen créditos laborales las remuneraciones, la compensación por tiempo de servicios, las indemnizaciones y en general los beneficios establecidos por ley que se adeudan a los trabajadores.

Los créditos laborales comprenden los aportes impagos tanto del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones como al Sistema Nacional de Pensiones, y los intereses y gastos que por tales conceptos pudieran devengarse.

Los créditos por aportes impagos al Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones incluyen expresamente los conceptos a que se refiere el artículo 30 del Decreto Ley N.° 25897.

Los créditos laborales a que se refiere el párrafo anterior tienen prioridad sobre cualquier otra obligación de la empresa o empleador. Los bienes de este se encuentran afectos al pago del íntegro de los créditos laborales adeudados. Si estos no alcanzaran el pago, se efectuará a prorrata.

El privilegio se extiende a quien sustituya total o parcialmente al empleador en el pago directo de tales obligaciones.

ORDEN DE PREFERENCIA

En los procedimientos de disolución y liquidación, el orden de preferencia en el pago de los créditos es el siguiente:

  1. Remuneraciones y beneficios socia- les adeudados a los trabajadores, aportes impagos al Sistema Privado de Pensiones o a los regímenes previsionales administrados por la Oficina de Normalización Previsional, la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador u otros regímenes previsionales creados por ley, así como los intereses y gastos que por tales conceptos pudieran originarse. Los aportes impagos al Sistema Privado de Pensiones incluyen los conceptos “aportes obligatorios como los voluntarios”, con excepción de las comisiones cobradas por la administración de los fondos privados de pensiones.

  2. Los créditos alimentarios.

  3. Los créditos garantizados con hipoteca, garantía mobiliaria, anticresis, warrants, derecho de retención o medidas cautelares que recaigan sobre bienes del deudor, siempre que la garantía correspondiente haya sido constituida o la medida cautelar correspondiente haya sido trabada con anterioridad a la fecha de publicación de la resolución que dispone la difusión del procedimiento (artículo 32 de la Ley N.° 27809). Las citadas garantías o gravámenes, de ser el caso, deberán estar inscritas en el registro antes de dicha fecha, para ser oponibles a la masa de acreedores. Estos créditos mantienen el presente orden de preferencia, aun cuando los bienes que los garantizan sean vendidos o adjudicados para cancelar créditos de órdenes anteriores, pero solo hasta el monto de realización o adjudicación del bien que garantizaba los créditos.

  4. Los créditos de origen tributario del Estado, incluidos los del Seguro Social de Salud (ESSALUD), sean tributos, multas, intereses, moras, costas y recargos.

  5. Los créditos no comprendidos en los órdenes precedentes; y la parte de los créditos tributarios que, con- forme al literal d) del numeral 48.3 del artículo 48 de la Ley N.° 27809, sean transferidos del cuarto al quinto orden; y el saldo de los créditos del tercer orden que excedieran del valor de realización o adjudicación del bien que garantizaba dichos créditos.

Cualquier pago efectuado por el deudor a alguno de sus acreedores, en ejecución del Plan de Reestructuración o el Convenio de Liquidación, será imputado, en primer lugar, a las deudas por concepto de capital luego a gastos e intereses, en ese orden.

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