Mediante la Ley N° 27487 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 23 de junio de 2001 se estableció que las instituciones y los organismos públicos, las empresas del Estado no sujetas a procesos de promoción de la inversión privada, así como los gobiernos locales y las empresas municipales debían formar comisiones especiales, integradas por representantes de éstas y de los trabajadores,

con la finalidad de revisar los despidos colectivos de personal amparados en procedimientos de evaluación efectuados en virtud de lo preceptuado por el DL N° 26093 o en procesos de reorganización autorizados por norma legal expresa, siendo el caso que, posteriormente, se emitieron los DS N° 021-2001-TR y 022-2001-TR, los que contenían disposiciones relacionadas con la formación y el funcionamiento de las comisiones mencionadas, las que debían elaborar un informe preliminar y después uno final, para ser alcanzado a una denominada comisión multisectorial, la que, posteriormente, elaboraría un listado con las solicitudes declaradas procedentes.
La necesidad normativa de llevar a cabo las revisiones en mención significó, en la práctica, el reconocimiento de que el DS N° 004-91-PCM y el DL N° 26093 (mediante los cuales se declara en reorganización al sector público y se dispuso que los titulares de los ministerios y de las instituciones públicas descentralizadas debían cumplir con efectuar semestralmente programas de evaluación de personal, respectivamente) tuvieron como propósito efectuar ceses masivos de servidores de carrera de la administración pública, distorsionándose por completo la finalidad atribuida por la doctrina a los términos “reorganización”, que en su contexto cabal significa cambios de los fines y objetivos institucionales; “reestructuración”, que supone una redefinición de funciones y estructuras; y “evaluación”, que implica la calificación de méritos individuales en búsqueda de la eficiencia, sin considerar la importancia que adquiere la carrera administrativa1, más aún atendiendo a que, conforme a lo establecido por la Carta Magna, los trabajadores estatales se hallan al servicio de la Nación, lo cual, incluso, llevó a considerar, en una investigación efectuada por Esan, cuyas conclusiones fueron establecidas en el libro denominado Reporte de investigación: la organización del sector público peruano, que “... plantear la cuestión del desarrollo del Perú lleva, necesariamente, a considerar el tema del Estado, el del sector público o, si se prefiere, el de la administración pública ... ”.
Estos procesos de ceses colectivos han sido considerados como “irregulares”, extendiéndose dicha calificación a los casos de aquellos trabajadores que, mediante coacción, fueron obligados a renunciar y en virtud de los cuales se establecieron programas de beneficios extraordinarios, los que comprendían la reincorporación, la jubilación adelantada, la compensación económica y la capacitación o reconversión laboral. En tal sentido, debe considerarse que, a nuestro entender, dicho programa de ceses colectivos no apuntó a garantizar la eficacia de la carrera administrativa, pues, incidió negativamente en la consecución de los objetivos de la misma, sino que, más bien, se aprovechó la “coyuntura reorganizadora” a efectos de llevar a cabo despidos de personal, sin respetar los méritos de los servidores públicos afectados por dichas medidas y sin considerar que, conforme a lo mencionado, una de las características principales de la carrera administrativa se encuentra constituida por la estabilidad de los empleos, no obstante lo cual se aprovechó la oportunidad que las normas otorgaban, a fin de convertirlas en herramientas capaces de despedir a las personas que, en la mayoría de los casos, no resultaban afines a los intereses políticos del gobierno de aquel entonces.

FUENTE: EL PERUANO(OPINION)