Ante la publicación de la Resolución de Superintendencia Nº 230-2007/Sunat de fecha 15.12.2007 referente a la ampliación de la entrada en vigencia sobre la contabilidad completa y de la información mínima y nuevos formatos de los Libros y Registros vinculados a asuntos tributarios (Artículos 12º y 13º de la Resolución de Superintendencia Nº 234-2006/Sunat) a partir del 01.01.2009, es que recurro mediante el presente portal, a exponer mis discrepancias:

En febrero empieza la entrega de declaraciones con el nuevo formato.
Mejorará sistemas de fiscalización y control de obligaciones en empresas.

Como es de vuestro conocimiento, desde el 1 de enero de este año ha empezado a regir la obligación de los empleadores de presentar mensualmente la planilla electrónica (PE), documento llevado a través de medios electrónicos en que se encuentra registrada la información de trabajadores, prestadores de servicios-cuarta categoría, prestadores de servicios-modalidad formativa, personal de terceros y derechohabientes. Su presentación debe efectuarse ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), mediante la Sunat, empleando el PDT Formulario virtual Nº 0601.

Isidro J. Milla Carbajal(*)

En su edición de noviembre del año 2004 la revista “másventas” publicó un artículo en su página 28, acerca de si las municipalidades estaban facultadas para exigir algunos pagos como licencias, permisos y carnés. Según la revista en mención de acuerdo a la nueva Ley Orgánica de Municipalidades estás no pueden exigir dichos pagos. De lo expuesto por la revista y las citas a que hace referencia, basándose en el cuerpo legal que regula los asuntos sobre salud, permiso y licencias; trataré de exponer mis discrepancias acerca de los comentarios vertidos, con la finalidad de no dejarse sorprender por las municipalidades por el incumplimiento que conllevarían a una sanción de tipo administrativa.

Isidro J. Milla Carbajal(*)

Actualmente en la doctrina tributaria existen dos corrientes en cuanto a la aplicación y a la no aplicación de tributos a los ingresos provenientes de actividades ilícitas. Se debe tener en claro que en sentido común, la lógica jurídica y los principios generales del derecho, indican que el estado no puede prohibir una actividad por un lado y al mismo tiempo legalizarla por otro.

Las normas sobre precios de transferencia buscan evitar que empresas vinculadas o relacionadas manipulen los precios bajo los cuales intercambian bienes o servicios, de forma tal que aumenten sus costos o deducciones, o disminuyan sus ingresos gravables. Este concepto se conoce internacionalmente como Principio Arm’s Length, y ha sido adoptado por la mayoría de las economías del mundo y, en particular, por los países que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico.