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Diez documentos que están prohibidos de ser solicitados para trámites administrativos

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El gobierno publicó hoy el decreto legislativo que modifica la Ley del Procedimiento Administrativo General.

Para el inicio, prosecución o conclusión de todo procedimiento administrativo, común o especial, las entidades públicas quedan prohibidas de solicitar a los usuarios la presentación de 10 tipos de información o documentación, según el decreto legislativo que modifica la Ley del Procedimiento Administrativo General y que fue publicado hoy.

1. Aquella información o documentación que la entidad solicitante genere o posea como producto del ejercicio de sus funciones públicas conferidas por la Ley o que deba poseer en virtud de algún trámite realizado anteriormente por el administrado en cualquiera de sus dependencias, o por haber sido fiscalizado por ellas, durante cinco años anteriores inmediatos, siempre que los datos no hubieren sufrido variación.

 Para acreditarlo, basta que el administrado exhiba la copia del cargo donde conste dicha presentación, debidamente sellado y fechado por la entidad ante la cual hubiese sido suministrada.

2. Aquella que haya sido expedida por la misma entidad o por otras entidades públicas del sector, en cuyo caso corresponde a la propia entidad recabarla directamente.

3. Presentación de más de dos ejemplares de un mismo documento ante la entidad, salvo que sea necesario notificar a otros tantos interesados.

4. Fotografías personales, salvo para obtener documentos de identidad, pasaporte o licencias o autorizaciones de índole personal, por razones de seguridad nacional y seguridad ciudadana. Los administrados suministrarán ellos mismos las fotografías solicitadas o tendrán libertad para escoger la empresa que las produce, con excepción de los casos de digitalización de imágenes.

5. Documentos de identidad personal distintos al Documento Nacional de Identidad. Asimismo, solo se exigirá para los ciudadanos extranjeros carné de extranjería o pasaporte según corresponda.

6. Recabar sellos de la propia entidad, que deben ser acopiados por la autoridad a cargo del expediente.

7. Documentos o copias nuevas, cuando sean presentadas otras, no obstante haber sido producidos para otra finalidad, salvo que sean ilegibles.

8. Constancia de pago realizado ante la propia entidad por algún trámite, en cuyo caso el administrado sólo queda obligado a informar en su escrito el día de pago y el número de constancia de pago, correspondiendo a la administración la verificación inmediata.

9. Aquella información o documentación que, de conformidad con la normativa aplicable, se acreditó o debió acreditarse en una fase anterior o para obtener la culminación de un trámite anterior ya satisfecho. En este supuesto, la información o documentación se entenderá acreditada para todos los efectos legales.

10. Toda aquella información o documentación que las entidades de la Administración Pública administren, recaben, sistematicen, creen o posean respecto de los usuarios o administrados que están obligadas a suministrar o poner a disposición de las demás entidades que las requieran para la tramitación de sus procedimientos administrativos y para sus actos de administración interna, de conformidad con lo dispuesto por ley, decreto legislativo o por Decreto Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros.

Fuente:gestión.pe / 21-12-2016


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Plataforma Virtual a cargo de la PCM Aprueban reglamento del sistema único de trámites

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Simplificará, optimizará y estandarizará TUPA de entidades públicas.

El Poder Ejecutivo aprobó el reglamento del Sistema Único de Trámites (SUT), plataforma virtual a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros, a fin de simplificar los procedimientos administrativos y servicios que las entidades públicas prestan a ciudadanos y empresas.

Así, el D. S. Nº 031-2018-PCM establece las funcionalidades y contenidos del SUT, que busca además reducir los derechos de tramitación, tiempos, requisitos, plazos; elaborar un TUO de los procedimientos de las entidades; aprobar los proyectos de TUPA, así como simplificar el proceso de ratificación de tasas municipales, explicó el experto y gerente legal de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Víctor Zavala Lozano.

El reglamento precisa los órganos responsables de la administración del SUT, tanto de los procesos de conducción y elaboración del TUPA como el de administración de usuarios de acceso; el trámite para el registro, modificación y publicación de los procedimientos administrativos y servicios prestados solo en el SUT; el mecanismo para la identificación de procesos interconectados, a fin de establecer la cadena de trámites y la estandarización de procedimientos, entre otros.

Regula también la supervisión y fiscalización del registro, contenido y actualización del SUT, la revisión de los costos de los procedimientos administrativos y servicios prestados a exclusividad, de acuerdo con la metodología de determinación de costos fijado por la Ley del procedimiento administrativo general.

Para el registro de los trámites que crean las autoridades, se exigirá el sustento técnico legal y el sustento técnico de los costos vinculados a cada procedimiento, que deberán corresponder al costo real del servicio; así como la información relevante y de utilidad para atender a los usuarios. Por ejemplo, lugares de atención, horarios, datos de contacto, medios de pago, etcétera.

Según la norma, la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, en caso de incumplimiento de la calidad regulatoria de las normas o de simplificación administrativa, notificará a la autoridad para que en un plazo de 15 días hábiles subsane los incumplimientos detectados. Vencido tal plazo, sin la subsanación respectiva, se comunicará al órgano de control institucional de la entidad y a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi, para que de oficio se inicie el procedimiento de eliminación de las trabas burocráticas detectadas.

Decretos legislativos

El SUT fue creado por el D. Leg. N° 1203, como herramienta informática para la elaboración, simplificación y estandarización de los TUPA. Dicho sistema está a cargo de la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, que debe monitorear y fiscalizar a las autoridades que no cumplan con las normas de simplificación administrativa. Luego, el D. Leg. N° 1310 fijó que todas las entidades del Ejecutivo deben identificar, reducir y/o eliminar aquellos trámites que resulten innecesarios, injustificados y redundantes, a fin de mejorar la calidad regulatoria del Ejecutivo.

Fuente: elperuano.pe


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